Las furgonetas de reparto, protagonistas del llamado transporte de última milla, se han convertido en un imprescindible durante la crisis del coronavirus. El auge de estos servicios y su alta presencia en las calles de toda la geografía española contrastan con el elevado absentismo de estos vehículos en la ITV, y que alcanza el 40% a nivel nacional, según datos de la DGT, ocasionando un grave peligro para la seguridad vial y la protección del medioambiente. Cerca de 2,2 millones de este tipo de vehículos circula sin la inspección en vigor.

Los peores datos se presentan en Madrid, que registra el mayor número de repartos por compras online de España, seguida de Barcelona. Según la patronal logística Uno, las empresas entregan de media en la Comunidad de Madrid, en un día normal, entre 350.000 y 400.000 paquetes. Envíos que se realizan principalmente a bordo de estas furgonetas, lo que acentúa la necesidad de mantenerlas a punto para garantizar la mayor seguridad.

En este sentido, la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (Aema-ITV) ha mostrado su preocupación ante esta realidad. Y es que según datos de la DGT, los los accidentes en furgonetas se han incrementado el 41% en los últimos cinco años, aumentando el número de heridos en ciudad implicados en el 94%. A estas cifras de siniestralidad, se suma la antigüedad del parque, con una media de 16 años, dato que supera en 4,5 años la media de los turismos.

"El rápido incremento del e-commerce y del llamado transporte de la última milla está provocando que vehículos que no cumplen con las normas básicas de seguridad vial y medioambiental sigan circulando y ha agravado aún más el problema del absentismo que ya se estaba produciendo por parte de este tipo de vehículos", han apuntado desde Aema-ITV.

Desde la asociación proponen, una vez más, que aquellos vehículos que no tengan en regla la ITV no puedan renovar el seguro, como una medida que logre reducir el absentismo en las inspecciones técnicas, tan necesarias para garantizar la seguridad en las carreteras. Además, propone a la Administración la revisión de las cámaras de Madrid Central para detectar vehículos con esas características y que no hayan podido cumplir con esta obligación.