En la actualidad, existen en nuestro país alrededor de 9.000 talleres ilegales, según indican desde la confederación Cetraa, lo cual conlleva una pérdidas para el sector de 4.000 millones de euros desde 2012. A esto se suma, añaden los empresarios, el problema de la competitividad del sector y la seguridad vial, tal y como publica Autónomos y emprendedores.

“En el 90% de los casos emplean piezas de desguace para reparar los vehículos. Los conductores, muchos sin saberlo, se convierten en un peligro para ellos mismos y para los demás”, explica Guillermo Moreno, vicepresidente de Cetraa, quien subraya que “es muy difícil para el conductor distinga un taller legal de uno ilegal”, ya que tanto por su ubicación como por su apariencia no hay apenas diferencias.

Antes, estos negocios se podían detectar más fácilmente por la suciedad o porque se situaban en zonas escondidas y de difícil acceso. Pero hoy en día se han profesionalizado y “disponen de maquinaria, herramientas y personal uniformado, como en cualquier otro taller. Hay naves industriales enteras en las que se están reparando decenas de vehículos cada semana de forma ilegal”, subraya Moreno.

Asimismo, añade que en algunos casos detrás de estos negocios, también hay entramados de venta de vehículos robados o tráfico de drogas y armas. “Es una mafia y los talleres son tapaderas”, afirma Moreno.

Otro de los puntos que destacan desde la patronal es que la diferencia de precio entre una reparación de un taller ilegal y otra que posea la autorización de Industria puede ser de hasta el 70%. “Juegan con el margen del 21% de IVA. A ello, hay que sumar el ahorro de las piezas de recambio y los costes laborales de los trabajadores que, por supuesto, no están dados de alta en Seguridad Social y cobran en negro”, asegura el vicepresidente de Cetraa.

A este respecto, añade que las redes sociales han contribuido a que estos negocios se extiendan y consoliden, aunque el Seprona, la Guardia Civil y la policía autonómica detectan y clausuran decenas de ellos desde hace años.

Sin embargo, argumenta que este esfuerzo se queda corto porque no hay inspectores suficientes. “¿Se ha planteado Hacienda la cantidad de dinero que dejan de recaudar?”, plantea la organización, que recuerda que no declaran IVA, Impuesto de Sociedades, locales y autonómicos.

De cara al nuevo Gobierno, desde Cetraa piden “una mayor implicación y coordinación por parte de las administraciones y autoridades competentes” para luchar contra estas situaciones de ilegalidad. Una de las soluciones planteadas es obligar a los clientes a pagar con tarjeta de crédito para reflejar la trazabilidad de la operación.

Por otro lado, la confederación señala que la llegada del vehículo eléctrico y la robotización reducirán el número de establecimientos pirata. “Además de tener que invertir en herramientas y maquinaria de reparación nueva, el coche eléctrico requiere un reciclaje y una formación de los empleados”, indica Moreno.