La asociación Atreve contrató en 2017 una póliza colectiva de defensa jurídica que ha permitido a sus socios desde entonces una protección polivalente, la cual les cubre a la hora de hacer frente a una larga casuística de problemas legales.

Gracias a ella, el año pasado se gestionaron 42 casos, tanto reclamaciones amistosas, como trámites por vía judicial o consultas telefónicas. No obstante, los servicios más habituales son la reclamación de facturas, contra proveedores de taller y la defensa frente a reclamaciones de consumo o de la administración.

En la reclamación de facturas, la póliza garantiza esta petición por vía judicial con hasta seis facturas al año, con un gasto máximo de 6.000 euros. Este límite también aplica en el resto de las garantías que ofrece la póliza, entre ellas las reclamaciones a otros seguros contratados por el taller.

En cuanto a los daños producidos por terceros al local, la defensa en conflictos con los vecinos del negocio, los empleados o los clientes, por ejemplo, pueden abordarse de forma profesional a través del despacho de abogados utilizando el seguro de defensa jurídica.

Asimismo, esta póliza incluye la asistencia jurídica telefónica, servicio que se presta a través de la compañía ARAG, y que permite resolver cuestiones que, de otra manera, pueden convertirse en un problema, ya que ofrecen asesoramiento para actuar correctamente y prevenir posibles multas o reclamaciones, apuntan desde la organización.

También se incluye en la póliza el servicio de ARAG para revisar y redactar documentos y contratos, “una prestación muy utilizada, que pone en manos profesionales cuestiones que escapan al día a día del taller de reparación”, apunta los empresarios gallegos.

Desde la organización explican algunos de los casos en los que han intervenido. Así, el taller Ares Auto, del municipio coruñés de Carral, ha sido uno de los negocios que ha utilizado este servicio para hacer frente a una incidencia con un cliente. Desde este centro explican que llegó un vehículo con un problema en los inyectores, entre otras cosas, y el cliente aceptó el presupuesto, aunque comentó que el coche venía de un negocio de compra/venta y que le reclamarían el arreglo.

La reparación ascendió a 1.520 euros y, aunque el usuario aseguró que se haría cargo de la factura, finalmente, se llevó el coche sin pagar. Ares Auto intentó cobrar la factura, señalan desde la patronal, ofreciendo facilidades de pago. Ante la falta de respuesta, la reclamación se presentó por vía judicial, recurriendo a la póliza de defensa jurídica.

Este mismo taller también tuvo otro problema que terminó en una reclamación judicial con un proveedor. Desde Gaserco compraron un motor en un desguace en Valencia, donde exigieron el pago por anticipado. Cuando llegó, comprobaron que no era el modelo que habían pedido y hubo que enviarlo de vuelta. Al taller le supuso un perjuicio grave, puesto que no pudo cumplir con la fecha de reparación con la que se había comprometido.

Ares Auto avisó al desguace que ya no enviaran el motor correcto porque en ese espacio de tiempo ya habían resuelto el problema por otro lado, pero volvieron a recibirlo. El establecimiento no permitió que descargaran el envío, lo mandó de nuevo de vuelta y estuvo meses reclamando la devolución de la factura de 6.000 euros que habían pagado, pero recibían largas. Al final el caso se solucionó por vía judicial.