La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado la actividad de varios talleres de reparación de vehículos que operaban de forma clandestina en una parcela a puerta cerrada en el barrio de Los Tarahales. Así, agentes del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local presentaron parte de, al menos, tres talleres ilegales ubicados en el interior de un recinto en Los Tarahales, tras culminar un dispositivo que ha requerido de vigilancias policiales, incluso con drones, y un operativo en el que se identificó a las personas responsables.

Según informa Canarias7, durante la actuación policial, se comprobó que en los talleres se producen y se almacenan residuos peligrosos de tipo industrial, los cuales presentan un elevado riesgo de inflamación, explosión o corrosión, careciendo de las medidas básicas de seguridad y control que requiere la normativa específica.

Además, durante la intervención, la Policía Local halló más de un centenar de vehículos. Tras su comprobación, se detectó que uno de ellos había sido sustraído, por lo que fue retirado el mismo y puesto a disposición de su propietario.

Una parcela con antecedentes

La ubicación registrada no es un lugar desconocido para los agentes, pues en el 2022, ya se desarrolló también por la UMEC de la Policía Local otra actuación que destapó un total de nueve talleres que operaban de forma clandestina. Entonces, todo ello ya fue denunciado a las autoridades competentes.

Por este motivo, a la vista de que el recinto continúa siendo empleado para albergar esta actividad, la Policía Local, además de denunciar a las personas responsables de cada taller han formulado denuncia contra el titular del recinto por "destinar el mismo a un uso contrario a la normativa urbanística vigente, la cual no permite en dicho espacio el desarrollo de actividades industriales".

No en vano, las denuncias interpuestas por la Policía Local en materia de industria, actividades clasificadas y gestión de residuos con llevan multas superiores a 100.000 euros, además de la obligación de los titulares de los talleres de cesar la actividad y adecuarse a la legalidad.

Junto a la UMEC, también colaboraron en la intervención policial, agentes de diversas unidades policiales como el GOIA-UE, la Unidad territorial de zona ciudad, la Unidad de Tráfico y la Unidron de la Policía Local de Telde.