El Parlamento Europeo ha aprobado (con 389 votos a favor y 239 en contra) que el año 2030 sea la fecha límite para que coches y furgonetas nuevas produzcan el 40% menos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), decisión que no ha gustado a Acea por ser un objetivo “extremadamente agresivo”.
No obstante, esta medida rebaja la postura inicial de establecer un recorte del 45%, según publica EFE. Asimismo, se ha establecido que en 2025 se reduzcan dichas emisiones el 20% respecto a los niveles indicados para 2021.
Además, se impondrá a las compañías automovilísticas que el 20% de su nueva flota en 2025 y el 30% en 2030 sea eléctrica o poco contaminante, es decir, que emitan menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro.
Así, los fabricantes que superen las ratios acordadas deberán pagar una multa a la UE, dinero que Bruselas destinará a formación para recolocar a los trabajadores afectados por la transición ecológica, según la propuesta del Parlamento Europeo.
A este respecto, la Comisión Europea ha elaborado un informe en el que apunta las pérdidas de empleo que se producirán si se acelera demasiado la transición hacia los vehículos eléctricos.
Pese a ello, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, asegura que “el Parlamento Europeo es demasiado cauteloso pese a las pruebas abrumadoras. Aunque es bueno ver que reconoce la necesidad de ambición en materia de emisiones, los conservadores y otros grupos se oponen a los esfuerzos que necesitamos frenar el cambio climático”.
Por otro lado, el Parlamento quiere que la UE invierta en su propia industria de baterías eléctricas, en un etiquetado armonizado sobre el consumo y en las emisiones de vehículos en 2019 para lo que se debería implantar un sistema estandarizado del ciclo del CO2 de los vehículos que hubiera en el mercado a partir de 2025, según indica dicha institución.
Esta semana, el Consejo de ministros de Medioambiente de la UE reunirá a los estados miembros, donde, previsiblemente, 19 de ellos apoyarán la reducción del 40%, suficiente para alcanzar un consenso.
Una vez aprobado el porcentaje de reducción que se desea aplicar, se iniciará una negociación para fijar la tasa definitiva que se convertirá en la normativa comunitaria a inicios de 2019.
