La Guardia Civil ha precintado en el municipio de Guadassuar (Valencia) un taller de motocicletas y ciclomotores, que operaba en un bajo comercial sin los permisos necesarios para desarrollar su actividad. Además, carecía de las medidas obligatorias de seguridad y control medioambiental.

Las pesquisas, según informa el diario Levante recogiendo los detalles del propio cuerpo de seguridad, comenzaron cuando una patrulla de servicio sospechó de un local que, a priori, estaba cerrado al público. Su rótulo rezaba que era una ferretería, aunque los cristales estaban tapados con plásticos negros para que no pudiera verse nada del interior. No tardaron en ver salor de él a un hombre con un ciclomotor, que al ser preguntado por los agentes, respondió que había acudido a que le realizaran una serie de reparaciones.

A raíz de ello, los agentes se adentraron en el negocio y encontraron un taller en el que se guardaban varias motocicletas en diferentes fases de reparación. No fue lo único. También elevadores, neumáticos de reposición, otros al final de su vida útil, aceites de motor en garrafas y usados, además de todo tipo de herramientas propias de un taller, un torno y una fresadora.

Negocio en marcha, pese a la negativa consistorial

En vista de que las sospechas apuntaban a una actividad ilícita, los agentes requirieron la documentación pertinente al mecánico, un joven de 26 años: licencia ambiental o declaración de responsable y proyecto técnico, certificado de compatibilidad urbanística, seguro de la actividad, número NIMA, contrato con empresa gestora de la retirada de residuos, contrato con empresa de mantenimiento de extintores o medios contra incendios, número de industria con expresión de las actividades autorizadas, número de alta como autónomo, número de identificación fiscal para la realización de las facturas a los clientes, libro de registro de entradas y salidas de vehículos reparados así como el contrato de alquiler del establecimiento o título de propiedad.

Pues bien, el interrogado fue incapaz de aportar ninguno de estos documentos. Así, alegó que había solicitado al Ayuntamiento de Guadassuar, tres o cuatro meses atrás, el certificado de compatibilidad urbanística para poder iniciar la actividad por el procedimiento de declaración de responsable ambiental. El consistorio lo denegó al entender que en aquel emplazamiento no estaba permitida dicha actividad. Sin embargo, decidió iniciar la actividad igualmente al margen de los procedimientos establecidos y sin las garantías medioambientales necesarias.

Durante la inspección del local, los agentes observaron neumáticos al final de su vida útil apilados sin ser gestionados por empresa autorizada a su retirada, así como un bidón con un embudo donde el denunciado reconoció depositar los aceites quemados de las motocicletas y ciclomotores que arregla. Además, en el patio interior, localizaron una bandeja con piezas encharcada en aceites, que sospecharon podrían verterse a la arqueta del patio, y con ello contaminar las aguas residuales del alcantarillado público.
Sanción

Además, también hallaron tres chasis de ciclomotores cubiertos con una tela, totalmente desnudos de otras piezas, por lo que al ser una actividad que se desarrolla al margen de la legalidad, a puerta cerrada y en la que se observan ciclomotores o motocicletas desguazados, sin matrícula y tapados, procedieron a comprobar la situación legal de todos ellos, así como de todos los vehículos observados en el interior. Algunos carecían de documentación, de matrícula y, en un caso, ni siquiera figuraba el número de bastidor. Es más, dos de los chasis no poseían documentación, ni figuraban en la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Por último, comprobaron que el único extintor que poseía el negocio estaba caducado.

El puesto principal de Carlet (Valencia) fue el encargado de desarrollar el dispositivo, que terminó con el cierre del taller clandestino, al menos, hasta que se subsanen las deficiencias y se adquiera los permisos correspondientes. Del mismo modo, la Guardia Civil sancionó al mecánico por dobles cargos: haber violado la ley 6/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, así como la normativa 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.