La primera mesa redonda de la tarde en el XXXI Congreso de Ancera se ha centrado en el Reglamento de Homologación, recientemente aprobado por Bruselas. Miguel Angel Cuerno, presidente de Ancera, ha recordado la importancia del trabajo realizado por el lobby europeo Afcar hasta lograr el apoyo de Europa al libre acceso a la información de los vehículos. “Europa nos ha hecho caso”, ha destacado.
Xavier Iraragorri, secretario técnico de BAT (Asociación de Talleres de Bizkaia) y miembro de la Comisión de Acceso a Información Técnica de CETRAA, ha profundizado en esta cuestión, y ha recordado que el primer reglamento, que data de 2002, fue el germen de este planteamiento. El objetivo principal era beneficiar al automovilista, “para que tuviera libre elección de taller y pudiera acceder a reparaciones con el menor coste posible, para lo que era necesario que se dieran las condiciones adecuadas de competencia”.
Este concepto ha sido beneficioso tanto para el automovilista como para el taller, ya que, tal como destaca Iraragorri, “para que el taller multimarca pueda seguir los pasos del fabricante es necesario el acceso a la información de los vehículos”.
UNA LARGA LUCHA
“Hasta llegar a este punto ha habido que pelear mucho desde Cetraa, Ancera, Afcar…, de modo que Europa no solo tuviera en cuenta la opinión de los fabricantes”, explica. El principal temor del taller era la posible desaparición del OBD, lo que hubiera acarreado la imposibilidad de la diagnosis”.
Con la nueva ley, el fabricante tiene que ofrecer información al usuario (en su manual de instrucciones en todos los idiomas de la UE), al taller (para poder realizar una diagnosis adecuada) y los fabricantes de recambios (para poder homologar sus piezas). De este modo, esta información debe ser “para todos, sin restricciones, rápida y accesible, normalizada y no discriminatoria”, explica.
El problema surge con el vehículo autónomo. Xavier Iraragorri destaca que “solo por tratarse de un vehículo conectado, el fabricante puede impedir el acceso a esta información, aun teniendo abierta la OBD, y exigir al taller una certificación extra a un coste de hasta 150 euros por actuación”. El parlamento ha pedido a la Comisión que regule este acceso a lo largo de este año y, además, para ello se ha creado un foro que vele por el acceso a la información técnica relacionada con la seguridad.
Este panorama, en opinión de Iraragorri, abre el camino a “posibles nuevas alianzas y nuevos modelos de negocio”.
