De Gran Canaria a Madrid, incluyendo otros enclaves como Fuerteventura y Lanzarote. La Guardia Civil ha desarticulado una compleja red de desguaces ilegales, dedicada a la falsificación de certificados medioambientales para encubrir la gestión irregular de vehículos pesados. La operación, denominada “Dilanio”, culminó con la clausura de tres instalaciones clandestinas y la investigación de once personas y empresas por delitos contra el medio ambiente y falsificación documental.

El origen de la operación se gestó tras una actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Las Palmas, que detectó una actividad sospechosa en un terreno rústico protegido. En la instalación, no autorizada para la gestión de residuos, se hallaron 44 camiones y vehículos pesados, muchos de ellos semidesguazados. Estos vehículos provenían supuestamente de desguaces legales con los que se mantenían vínculos comerciales, tal y como informa "La Provincia de Las Palmas".

No obstante, el engaño radicaba en que las bajas documentales de los vehículos eran tramitadas a través de estos desguaces autorizados, mientras que en realidad eran gestionados de forma irregular en instalaciones no homologadas. Este modelo permitía camuflar el origen ilegal de los tratamientos y desvíos.

Un desguace madrileño, cabeza de la trama

Tras tirar de este hilo argumental, el desarrollo de la investigación logró detectar que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos de gran tonelaje a un desguace con sede en la Comunidad de Madrid. El objetivo era la baja definitiva y su correcta descontaminación, sin embargo, en lugar de ser tratados conforme a la normativa ambiental, los vehículos eran revendidos como chatarra, generando beneficios ilegales.

Descubierto este epicentro en la capital, la trama volvía a Canarias, puesto que muchos de estos vehículos eran trasladados allí, donde se realizaban procesos de desguace sin control ambiental adecuado y se falsificaban certificados medioambientales para aparentar una gestión conforme a la ley.

De esta manera, poco a poco, la actuación del Seprona llevó al cierre de tres centros de desguace ilegales en Canarias, dos de ellos ya operativos y uno en fase de puesta en marcha. Estos centros estaban situados en terrenos rústicos protegidos y abarcaban una superficie total superior a 40.000 metros cuadrados.

Montaña de chatarra analizada por la Guardia Civil en uno de los registros.

Más de 10.000 vehículos en cuatro años

Dentro de ese citado impacto ambiental, uno de los aspectos más graves detectados fue la liberación de gases fluorados durante los procesos de desguace. Estos gases, contenidos en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración de los vehículos, deben ser gestionados con protocolos técnicos muy estrictos por su alta capacidad de contribuir al efecto invernadero.

En este sentido, según la Guardia Civil, la red habría manipulado más de 10.000 vehículos en los últimos cuatro años, generando un impacto medioambiental que podría equivaler a la emisión de 1.500 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

No en vano, durante la operación, se han tomado muestras en los terrenos afectados y se han elaborado informes periciales que demuestran el alcance del daño ambiental. Estas pruebas refuerzan la investigación judicial que ahora sigue su curso, centrada en ocho personas físicas y tres entidades jurídicas vinculadas a la trama. Todas ellas se enfrentan a delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental, ya que el núcleo del caso gira en torno a la alteración de documentos públicos, que debían garantizar el correcto reciclaje de los vehículos.

Pero es que su actividad ilegal va mucho más allá, puesto que no sólo vulnera la legislación medioambiental, comprometiendo además la seguridad ambiental del archipiélago canario, sino que también genera una competencia desleal con los gestores de residuos que sí cumplen con la normativa.