La Guardia Civil investiga al dueño de un desguace del municipio manchego de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) al comprobar irregularidades al certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil, además de que ni extraía ni reciclaba adecuadamente los aires fluorados de los aires acondicionados.

En la ya denominada operación 'Fulcat', según informa Europa Press y detalló la Benemérita en nota de prensa, el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real detectó un desguace que operaba irregularmente en el término municipal de Alcázar de San Juan, por lo que procedió a investigar a su propietario por la comisión de unos supuestos delitos de falsificación continuada de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Ya en el transcurso de una inspección rutinaria en octubre,del pasado 2025, agentes del Seprona detectaron graves irregularidades en las instalaciones de este desguace. Debido a la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de vehículos depositados, se programó una segunda inspección, conjuntamente con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

Así, se confirmaron numerosas y graves irregularidades en la gestión de los vehículos al final de su vida útil, por lo que el Seprona inició una investigación más profunda con el objetivo de aclarar la situación de los vehículos que se encontraban sin la adecuada descontaminación exigida por la normativa. Por todo ello, el titular de la empresa implicada se enfrenta a cargos por delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.

Vertido de residuos peligrosos a un humedal protegido

La trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil cuando en realidad, los automóviles eran acumulados sin procesar en una zona de las instalaciones que carecía de autorización administrativa, la cual había sido denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA). La actividad ilícita provocaba el deterioro de los vehículos almacenados a la intemperie, lo que derivaba en el vertido de residuos peligrosos directamente sobre la superficie del terreno.

Asimismo, las investigaciones constataron que los gases fluorados de los aires acondicionados de los vehículos no se extraían ni reciclaban de forma adecuada, por lo que, en algunos casos, se liberaban directamente a la atmósfera. Una emisiones que dañan gravemente la capa de ozono y potencian el calentamiento global. Por ello, la normativa actual exige un protocolo estricto para su recuperación y tratamiento, motivo de su clasificación como residuos peligrosos debido a su alto potencial de efecto invernadero.

Competencia desleal

Más allá de la vunerabilidad de la legislación medioambiental, las autoridades recalcan que también se puede incurrir en una competencia desleal con los gestores de residuos u otros desguaces dedicados a este tipo de gestión que sí cumplen la normativa.

Con el objetivo de confirmar todos estos delitos, se está llevando a cabo un informe pericial por miembros de la Unidad Técnica de la Jefatura del Seprona. A través del mismo, se va a calibrar mejor el impacto ambiental que se podría estar ocasionando al medio ambiente y concretando las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Por el momento, las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.