La sostenibilidad se ha erigido en santo y seña de la posventa en los últimos tiempos. Proteger el Medio Ambiente es una prioridad, más cuando se trabaja con materiales contaminates como aceites, neumáticos o todo tipo de residuos. Por ello, en Cataluña preocupa la deriva de los últimos años en cuanto a vertidos ilegales de neumáticos en el medio natural. Y es que se ha producido un incremento de casi el 20% en los últimos meses. Según "El Periódico", en 2023 se contabilizaron 121 vertidos; 145 en 2024, y en lo que va de año ya se han detectado otros 78, lo que hace prever que en este 2025 se superarán los registros anteriores.

Según Jaume Bosch, jefe del Área Regional en la Cataluña Central de los Agentes Rurales, este tipo de vertidos suponen un “problema importante” para la sociedad: “los costes de su limpieza –sigue Bosch– los acabamos pagando todos” y afectan directamente a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, que carecen de los recursos suficientes para afrontar este problema.

Los responsables de la limpieza suelen ser los propietarios de los terrenos donde se encuentran los vertidos, pero, en muchos casos, no son localizados y es el ayuntamiento quien asume los costes. En situaciones más compleja, como la presencia de uralita, se requiere un tratamiento específico debido a la alta toxicidad de este material. Además, la localización y retirada de estos residuos es aún más difícil cuasndo los vertidos se registran en lugares naturales de difícil acceso.

El vertido de neumáticos ha sido de los que más ha aumentado en los últimos años. Los Agentes Rurales apuntan a que la retirada de estos residuos, especialmente cuando se encuentran en ríos u otras zonas de difícil acceso, resulta considerablemente más costosa. "Es más caro retirar neumáticos de un río que de un descampado", señalan.

250 neumáticos en dos años al río Gurri

Al detectar estos vertidos, los Agentes Rurales inician una investigación para localizar a sus responsables. En muchas ocasiones no es fácil hallar indicios. Sin embargo, hace unas semanas, junto a la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, denunciaron a una empresa de desguace de vehículos de Taradell por la incorrecta gestión de sus residuos de automoción. A partir de unos vertidos recurrentes en el río Gurri, a su paso por Vic, los investigadores descubrieron que un transportista había arrojado al agua unos 250 neumáticos en varias ocasiones durante dos años.

La investigación comenzó cuando el sospechoso, presuntamente, realizó un vertido en el mismo lugar del río con residuos procedentes de otra compañía, un taller ilegal de chapa y pintura de Calldetenes que también fue denunciado. Los Agentes Rurales encontraron evidencias de que este único sospechoso, quien fue denunciado, se deshacía siempre en el mismo lugar y de noche de estos neumáticos. Al identificarlo pudieron relacionarlo con las presuntas empresas infractoras.

Estos residuos acostumbran a proceder del mercado de segunda mano o de actividades ilegales, por lo que no se pueden eliminar por los circuitos habituales de los que disponen los talleres mecánicos. De esta forma, en la última operación de los Agentes Rurales en los que se inspeccionó a estas dos empresas por los vertidos en el Gurri, se encontraron tres toneladas de neumáticos sin usar. Además, una parte de las ruedas no estaban declaradas legalmente.

El aumento de los talleres ilegales, principal motivo

En los últimos años, los Agentes Rurales han constatado el aumento de talleres mecánicos ilegales que no acreditan ninguna gestión de los residuos que generan y que pueden acabar contaminando el medio natural. La falta de una correcta gestión de los neumáticos fuera de uso genera gastos en los municipios afectados, que deben asumir su retirada de los vertederos ilegales, señalan desde esta institución. Consideran que estos talleres ilegales, que operan sin licencia, son un tipo de economía sumergida con un efecto directo sobre el medio ambiente, ya que no reciclan.

La normativa sobre residuos y suelos contaminantes de Cataluña remarca que las sanciones por realizar vertidos sin autorización en la naturaleza pueden suponer multas que oscilan entre 10.000 euros y 3,5 millones de euros en los casos más graves. Cuando se pone en riesgo la salud de las personas o se produce un daño o un riesgo irreparable para el medio ambiente, se impone la sanción más elevada. Respecto a los vertidos que únicamente suponen un impacto ambiental significativo, las multas son menos cuantiosas.

Los Agentes Rurales también señalan que otros factores que influyen en la cuantía de la sanción son la gravedad del riesgo o daño ambiental causado, el beneficio económico obtenido por la persona infractora, la reincidencia y la colaboración en la investigación de los denunciados, ya que la atenúa. Además, la ley permite la inhabilitación temporal para obtener subvenciones o concesiones públicas y pueden aplicarse sanciones accesorias como la clausura temporal de las instalaciones.