De un día para otro. Así cambió la Agencia Catalana del Consum (AAC) la ley de garantías en las reparaciones de vehículos. Y lo hizo de forma unilateral, como informó en primicia Infotaller en el mes de mayo de 2024. Ahora, su decisión será revisada por un juez. Porque la Federació Catalana de Tallers (Fecatra), la entidad que representa a más de 5.500 talleres en toda Cataluña, ha puesto una demanda contra la Agència Catalana del Consum (ACC) porque su nueva interpretación "pone en riesgo la viabilidad del taller independiente y genera una desventaja normativa respecto al resto del país".

La denuncia se basa en la interpretación de dicho organismo del pasado 25 de marzo de 2024 e impugnado por Fecatra, según la cual, las reparaciones debían contar con una garantía de mínimo 6 meses que puede llegar hasta los 3 años, sin límite de kilometraje. Esta interpretación, además de estar "desvinculada de la realidad técnica y la naturaleza del propio vehículo", introduce una "distorsión grave" del mercado estatal, al contradecir la norma estatal aplicable (artículo 16 del Real Decreto 1457/1986), que establece una garantía de 3 meses o 2.000 km. "Esto genera una discriminación competitiva para los talleres catalanes y un agravio económico que recae íntegramente sobre las pequeñas y medianas empresas del sector", aseguran desde Fecatra.

Celso Besolí, presidente de Fecatra y del Gremi de Tallers (Cetraa Barcelona) asegura que “el actual marco normativo convierte al taller en rehén técnico y financiero del fabricante. Si no se corrige esta asimetría, la reparación independiente desaparecerá, y con ella el derecho del consumidor a elegir libremente quién repara su vehículo. No pedimos privilegios, pedimos poder sobrevivir". Y añade: “Si el verdadero objetivo es dejar la reparación exclusivamente en manos de los fabricantes, la ciudadanía debe ser plenamente consciente".

El taller, único responsable de los recambios

El reciente informe ha introducido una normativa que establece plazos de garantía de hasta tres años en el ámbito de los recambios, una medida que ha generado inquietud entre los talleres y concesionarios. Según el documento, estos plazos deben ser asumidos en solitario por los talleres, sin que los fabricantes compartan la corresponsabilidad por la conformidad de los componentes. Este cambio convierte a los talleres en los "únicos responsables de la calidad de piezas que no producen ni controlan", lo que ha suscitado preocupaciones en el sector.

Fecatra entiende, asímismo, que en un contexto de digitalización creciente del automóvil -con vehículos conectados, software cerrado, validaciones remotas y acceso limitado a la información técnica-, la interpretación de la ACC "ignora las condiciones reales de la posventa" y "excede las competencias legales del organismo, al introducir obligaciones desproporcionadas sobre los talleres sin contar con el sector ni seguir el procedimiento legal correspondiente".

Por ello, sostiene que esta situación amenaza con "destruir el equilibrio de la cadena de valor del automóvil y pone en peligro la continuidad de miles de pequeños talleres, imprescindibles para garantizar la libre competencia, la transparencia y la sostenibilidad del sector".

Ejemplos de la nueva interpretación.

También acción política

Los talleres catalanes no se van a limitar a la vía judicial, sino que ante la grave situación, también van a exigir la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007 y del Libro VI del Código Civil de Cataluña, de forma que se reconozca la responsabilidad solidaria del fabricante, el proveedor y el vendedor final (el taller) en caso de falta de conformidad, como ya ocurre en otros sectores como el de la edificación.

La falta de acceso real a la información técnica -tal como advierten sentencias recientes del TJUE- vulnera el Reglamento (UE) 2018/858, que exige igualdad de condiciones con los servicios autorizados del fabricante. Esta situación penaliza a los talleres independientes, que deben asumir responsabilidades sin contar con los medios adecuados.

Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha reconocido la responsabilidad del fabricante por falta de conformidad (caso Dieselgate), mientras que la necesaria reforma legal sigue sin avanzar. Desde Fecatra se han preparado propuestas de enmienda y se ofrece colaboración a la Autoridad Catalana de la Competencia para aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa europea.