La existencia de talleres ilegales continúa siendo un problema importante en la provincia de Burgos, donde la asociación Adeabur no ceja en su esfuerzo de denunciar el foco de fraude fiscal y de movimiento de dinero negro que suponen estos negocios.

Asimismo, señalan la peligrosidad que conlleva la actividad de tales centros y recuerdan la explosión que se produjo en uno de dichos establecimientos en la capital de la ciudad burgalesa hace dos años, incidente que acabó con el responsable del negocio y un niño en el hospital, según publica el Diario de Burgos.

La patronal también señala que otro de los problemas derivados es el robo de vehículos para piezas, así como el “riesgo importantísimo para la seguridad vial” porque “las reparaciones no cuentan con ningún tipo de garantía; no sabemos qué piezas se están utilizando ni quién trabaja en esos lugares”, explica Gabriel Martínez, secretario general de Adeabur.

Por todo ello, este colectivo reclama a las administraciones que no aflojen en la persecución y cierre de los ‘piratas’. “Hace años toda la tramitación administrativa era más farragosa, pero las nuevas tecnologías lo han facilitado mucho. Además, el argumento de la subsistencia a la crisis ya no se sostiene. Por eso, nos cuesta entender que no haya mayor contundencia administrativa para perseguir esta actividad”, continúa Martínez.

La organización recuerda que en su campaña coordinada con las policías locales y con la Guardia Civil, todas las ubicaciones que señalaron como posibles focos de actividad irregular en la capital de Burgos se confirmaron como tales. Sin embargo, los empresarios subrayan que las denuncias formuladas derivan en cierres y sanciones, pero no en el cese de la actividad.

A esto se suma el conocimiento por parte de Adeabur de casos en los que “la misma persona ha sido denunciada hasta cuatro veces, pero se declara insolvente para afrontar las sanciones y continúa ejerciendo en otro lugar diferente”.

En la actualidad, la patronal vigila una docena de locales y está documentando dicha actividad ilegal para entregárselo a la Guardia Civil o la Policía Local. De ellos, “más de la mitad están en la capital, pero también tienen ‘expedientes’ abiertos en Aranda o Villarcayo”.

Por otro lado, la asociación insiste en que los clientes son un eje fundamental, ya que estos no deberían acudir a este tipo de locales donde no se les garantiza la reparación ni el estado real en el que se encuentra su vehículo al salir del centro.