La idea de cargar sobre el automóvil el coste de la transición energética no es original de las autoridades españolas ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de que se hayan apuntado con vehemencia a las medidas para criminalizar el vehículo privado. El presidente francés, Emmanuel Macron, también tuvo la idea de establecer una nueva subida de los impuestos sobre los carburantes a partir de enero, que se sumaría a la que entró en vigor al comenzar este 2018.

La medida preveía un incremento de 6,5 céntimos de euro por litro de gasoil y de 2,9 céntimos para el de gasolina. Además de enmarcarse dentro de la estrategia del Gobierno francés para ser menos dependientes del petróleo y reducir las emisiones de dióxido de carbono para luchar contra el cambio climático, esta subida serviría para recaudar en torno a 3.000 millones de euros anuales.

Hasta aquí, nada que no nos suene por estos pagos. En septiembre, Pedro Sánchez, apuntaba que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 establecerían un impuesto al diésel para hacer frente al "reto importante que es el cambio climático".

Pero la paciencia tiene un límite, y los ciudadanos franceses tienen merecida fama de poco pacientes. Hartos de que el Ejecutivo cargue sus medidas sobre las necesidades básicas de los franceses de a pie, a mediados de noviembre numerosos ciudadanos comenzaron a movilizarse para reclamar la retirada de la subida de impuestos a los carburantes.

Las protestas empezaron con pequeños grupos que cortaban carreteras y autopistas del interior del país ataviados con los chalecos reflectantes que todo conductor debe portar en su coche -y que daban nombre al movimiento de los Gilets Jaunes (chalecos amarillos). Pero las protestas crecieron rápidamente en extensión e intensidad hasta desembocar en los graves disturbios que han tenido como escenario el centro de París durante dos fines de semana consecutivos.

¿Habrá chalecos amarillos en España?

Al final, este movimiento espontáneo, organizado a través de las redes sociales al margen de los partidos y sindicatos tradicionales, ha logrado doblar la mano de Emmanuel Macron, que el martes anunciaba "una moratoria" del impuesto sobre los carburantes. Aun así, las reivindicaciones de los chalecos amarillos se han extendido a la reforma del sistema fiscal, la subida del salario mínimo y las pensiones, y todo apunta a que las movilizaciones van a continuar. El apoyo a los chalecos amarillos se sitúa en torno al 80%, mientras la popularidad de Macron, flamante presidente hace un año y medio, se ha derrumbado hasta el 25%.

Francia no es España, cierto. Nuestro país tiene menos querencia a las reivindicaciones que el vecino del Norte. Pero las causas de la protesta de los gilets jaunes se dan también aquí. Un Gobierno que pretende hacer la transición energética a costa del ciudadano, que apunta contra un medio de transporte -y en el caso de profesionales como transportistas, taxistas y talleres, también de vida- fundamental para la población como es el automóvil.

Por el momento, ya hay una organización en Facebook denominada Chalecos Amarillos España y, aunque aún no ha convocado ninguna acción de protesta, no es de descartar que si finalmente los Presupuestos -todavía en el alero- recogen un impuestazo al diésel veamos los chalecos reflectantes cortando carreteras y ocupando las avenidas de Madrid, Barcelona y Bilbao. Viendo peladas las barbas de Macron, Pedro Sánchez haría bien en poner las suyas a remojar.