El avance de los planes del Gobierno para prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel y gas a partir de 2040, conocido el martes, ha causado un efecto muy negativo en el sector de la automoción español. Fabricantes, vendedores, concesionarios y proveedores se oponen a las líneas maestras del documento de trabajo preparado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Las quejas inciden tanto en el impacto negativo de la prohibición como en la falta de diálogo con el sector, la confusión que genera y la carencia de una estrategia de descarbonización.
Anfac ha mostrado su rechazo frontal a la futura ley debido al "fuerte impacto negativo" que tendría en la demanda de automóviles en nuestro país, así como en el volumen de fabricación en la industria española, que supone el 10% del PIB y el 9% de la población activa, con 2 millones de empleos directos e indirectos. Este impacto sería tanto económico como laboral, social y de movilidad.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Turismos y Camiones denuncia que este proyecto obliga al sector a afrontar "una reconversión industrial completa y acelerada", que implicaría acometer importantes inversiones para evitar perder competitividad.
Si ayer Faconauto alertaba de que el clima negativo que rodea a la automoción en nuestro país desde hace meses puede convertir en estructural la actual caída de las matriculaciones, hoy Ganvam ha criticado que el proyecto gubernamental "no hace sino aumentar la confusión en la opinión pública sobre el modelo de movilidad" del futuro. Su presidente, Lorenzo Vidal de la Peña, defiende que fabricantes y distribuidores "empecemos a trabajar juntos" ante un "tema serio".
Para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor y Recambios, este borrador genera más incertidumbre en los ciudadanos, sometidos a mensajes negativos en torno a una tecnología, la de los motores térmicos de última generación, que define como "perfectamente viable y necesaria en el momento actual". Por ello, propone una transición ordenada y responsable, en la que se retiren los vehículos más antiguos de la circulación.
Por su parte, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, advierte de que "una apuesta disruptiva únicamente por el vehículo eléctrico podría destruir una industria tan relevante en nuestro país, poniendo en peligro miles de empleos y la atracción de inversiones extranjeras".
Los proveedores critican además que el Gobierno esté trabajando en un borrador de Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética "a espaldas del sector" y, peor aún, que lo haya difundido, generando "confusión e incertidumbre en la opinión pública".
Frente a ello, Sernauto defiende una "estrategia-país" para la descarbonización, que cuente con todos los actores implicados y permita mantener los niveles de empleo y competitividad de las empresas españolas, tal y como se está haciendo en otros países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido.
