Un taller de un concesionario que tuviese que admitir fallos en sus propias reparaciones o una empresa de transporte que verificase sus autocares de transporte escolar o sus camiones para mercancías peligrosas. Estas dos situaciones serían aceptadas de prosperar la propuesta del Gobierno de derogar las incompatibilidades contempladas en la actual normativa sobre el control técnico de vehículos. De esa forma, grandes grupos de concesionarios, aseguradoras o empresas de transportes estarían legitimadas por ley para construir y gestionar estaciones control técnico. Y las actuales ITV se oponen a ello.

Esa supresión sería una decisión insólita en el ordenamiento jurídico español y atentaría al carácter público de la función inspectora, propiciando un importante deterioro de las condiciones de seguridad vial del parque. Estos son algunos de los argumentos con los que AECA-ITV, la asociación que representa a las estaciones de inspección técnica, fundamenta sus alegaciones contra la propuesta de modificación del actual sistema de inspección técnica de vehículos.

Para las empresas de ITV, esa supresión de incompatibilidades aproximaría la inspección técnica a una consideración puramente mercantilista del negocio, "ajena a su función pública y soberana, que debe ejercitarse, por definición, en un marco de imparcialidad rigurosa y bajo un control estricto de la Administricación". AECA-ITV descarta también que esa derogación vaya a producir efectos beneficiosos como la disminución de los precios de la ITV y la creación de empleo.