El plazo de validez de las inspecciones técnicas de los vehículos debería contabilizarse a partir de la realización de la ITV, sin descontar el período de prórroga añadido como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esta ha sido la recomendación lanzada por Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, a la Secretaría General de Industria.

"La institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones, ya que con ellas muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones seguridad en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios", ha comentado al respecto el Defensor del Pueblo.

Por su parte, la Secretaría General de Industria asegura que no suponen una carga adicional para los conductores, ya que se va a efectuar una inspección que quedó pendiente pero sin eliminar la obligación de su ejecución.

En este sentido, Fernández Marugán ha recordado que el objetivo general de la ITV es garantizar el buen estado de los vehículos desde el punto de vista de la seguridad y medioambiente, poniendo de manifiesto que no encuentra en la respuesta de la Administración razones de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las inspecciones técnicas.

El Defensor del Pueblo no comparte el argumento de la Industria y considera que se "acortando de manera artificial la duración de las ITV" en un contexto en el que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (Aea) contra la Orden del Ministerio de Sanidad.