La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (Aea) contra la Orden del Ministerio de Sanidad que reduce los plazos de los conductores para pasar las sucesivas inspecciones técnicas del vehículo, como consecuencia del cierre de las estaciones durante la crisis del coronavirus. Un recurso que, de prosperar, repercutiría tanto en la actividad de las ITV como en los talleres.
Aea ha planteado este recurso en defensa de los derechos de millones de conductores afectados por la nueva normativa aprobada, acortando el plazo de la inspección. Además, apunta a que esta modificación no atiende a razones de seguridad vial y obligará, especialmente a transportistas, a tener que realizar de forma anticipada una nueva inspección y pagar dos veces por un servicio. Automovilistas Europeos Asociados ha calculado que la medida afectará a los cinco millones de conductores que han visto retrasado su paso por las ITV, alcanzando los 200 millones de euros de perjuicio.
"El cambio realizado por el Gobierno no obedece a ninguna razón de seguridad vial y solo obedece a razones económicas de empresas privadas, ya no tiene sentido que se vuelva a inspeccionar un vehículo que acaba de ser inspeccionado con resultado favorable", ha señalado Mario Arnaldo, presidente de Aea, agregando como ejemplo que "un vehículo de 10 años que con motivo del Covid-19 no hubiera podido pasar la ITV el día 21 de mayo, tendría la posibilidad de pasarla hasta el 17 de diciembre. Si se aplicaran los plazos habituales, la siguiente inspección se computaría desde ese día 17 diciembre y tendría que pasarla a los 6 meses, si fuera una furgoneta o un camión, o al año si fuera un turismo. Sin embargo, con la nueva norma a esa furgoneta o camión va a tener que pasar (y pagar) dos veces la misma inspección ese mismo día 17 de diciembre. Y en el caso de los turismos la siguiente inspección no la tendría que pasar al año, como establece la normativa europea, sino a los 6 meses".
Además del recurso ante el Tribunal Supremo, Aea ha planteado ante los servicios competentes en las comunidades autónomas alrededor de 100 reclamaciones individualizadas, con el objetivo de que se reconozca la fecha en la que se realizó la inspección técnica para calcular el período de validez. Y es que como ha subrayado, "los cambios efectuados por Sanidad no contribuyen en nada a mejorar el medio ambiente ni la seguridad vial y solo obedecen a razones económicas con la finalidad de garantizar el cobro de unas tasas dejadas de percibir durante el tiempo que las ITV permanecieron cerradas".
