Marta Blázquez, presidenta de Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) ha propuesto este jueves 24 en Logroño que Europa "haga un ejercicio por industrializarse y hacerse fuerte", con una industria robusta en cualquier sector para contrarrestar la guerra comercial.  

Durante la visita, Blázquez se ha reunido con la consejera de Economía del Gobierno riojano, Belinda León; el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja y de la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto), Eduardo de Luis, así como diversos concesionarios de automóviles de la región para abordar, entre otros temas, la evolución del mercado.

"Yo creo que es el momento en el que Europa tiene que cambiar y lo está haciendo con el nuevo Gobierno europeo porque, aunque los cambios no lleguen tan rápido como gustaría, en el sector de la automoción tiene una estrategia más clara", ha recalcado.

En declaraciones a los periodistas en la capital riojana, recogidas por la agencia Efe, Blázquez ha aludido a la posible repercusión de los aranceles de Estados Unidos en la industria de los componentes del automóvil, una medida que "siempre es una mala noticia". De este modo, ha indicado que, de toda la cadena de valor, los aranceles de Estados Unidos afectarían más a la industria auxiliar de componentes, porque las mayores exportaciones de las empresas españolas se dirigen a Francia y Alemania, los dos mercados europeos más fuertes.

Sin recursos para el salto al electrificado

Por otro lado, la presidenta de Faconauto ha indicado que, según sus datos, entre el 70 y el 80% de la población española carece de los recursos para dar el paso de un coche viejo a un coche electrificado. En este contexto, ha demandado más apoyo a la electrificación a través del Plan MOVES y su gestión, porque es "inoperativo e ineficaz" por los plazos tan largos que incluye.

"Cuando el concesionario se involucra en dar la ayuda directamente al cliente en el momento de la compra, con un descuento en factura, eso sí que es incentivador", ha recalcado, por lo que ha propuesto que el Gobierno central evite trabajo administrativo a las comunidades autónomas y lo asuman los concesionarios.