Asetra (Asociación de Talleres de Automoción) ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que garantice el derecho a la movilidad de los propietarios de vehículos sin etiqueta ambiental mediante permisos individualizados que permitan su mantenimiento y reparación en los talleres de confianza .

Esta es la principal reclamación en las observaciones que han presentado los talleres madrileños al proyecto inicial de ordenanza elaborado por el Consistorio y mediante el cual quiere modificar la anterior ordenanza de movilidad sostenible que data de 2018, una vez que la justicia anulara en 2024 algunos aspectos relativos a las restricciones de tráfico en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).  

En este sentido, Asetra recuerda y enumera que "los propietarios de los vehículos con más edad que carecen de etiqueta ambiental, también tienen derecho a la movilidad, que su adecuado mantenimiento minimiza su impacto ambiental y sobre la calidad del aire, y que la actividad de los talleres dinamiza la economía, genera empleo y aporta recursos a las arcas públicas vía impuestos".  

A pesar de ello, la asociación valora de forma "positiva" el alargamiento de la moratoria que acompaña la propuesta inicial del Ayuntamiento de Madrid y que permite la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental durante 2026, pero considera que "no resuelve la situación de los propietarios de vehículos eventualmente afectados por las restricciones posteriores ni el grave perjuicio para los empresarios madrileños del taller, que velan por su adecuado mantenimiento y reparación".  

“Asetra pide al Ayuntamiento de Madrid que los talleres puedan recibir en sus instalaciones vehículos independientemente de su etiqueta medioambiental y de si se encuentran o no empadronados en la capital mediante permisos individualizados, incluyendo el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones de Distrito Centro y Plaza Elíptica, que cuentan con restricciones más severas", comenta Ana Ávila, directora corporativa de la asociación.

De lo contrario, insiste Ávila, "se pone en peligro la viabilidad empresarial de numerosos talleres, el derecho a la movilidad de los ciudadanos que no tienen recursos para renovar sus vehículos entrados en años, la seguridad vial y la reducción de emisiones de estos vehículos con tecnologías anticontaminación menos modernas”.