El 33% de las empresas del metal y TIC de la isla canaria de Tenerife (en su mayoría talleres de automóviles, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, así como mantenimiento y reparación de maquinaria industrial) tiene previsto contratar personal este año. En concreto, el 11% lo hará solo de forma puntual, mientras que el 57% no contratará ni despedirá personal este año y, por el contrario, una de cada diez compañías sí se plantea despedir.

Estos son datos extraídos de la encuesta multisectorial elaborada por Femete, correspondiente al mes de febrero, con el fin de valorar cómo sigue afectando la pandemia del coronavirus a sus cerca de 1.500 empresas asociadas, que representan a unos 7.500 profesionales, y cuáles son sus principales necesidades desde el punto de vista económico y laboral.

La encuesta también destaca que casi la mitad de las empresas han reducido sus ingresos en menos del 25%. Sobre los servicios que pedirían para crecer en competitividad, sobresalen los de digitalización, consultoría técnica, publicidad y marketing.

Por otra parte, el 35% de las empresas necesitaría asistencia financiera de las instituciones para cubrir deudas de proveedores, alquileres o hipotecas y contratación de personal, o para compra de maquinaria y suministros. En cuanto a los servicios de Femete que más valoran, sobresalen la formación y asesoramiento en innovación, ayudas o subvenciones, prevención de riesgos laborales y protocolos anti-COVID.

Tras conocer estos resultados, el secretario general de la federación, José González, ha señalado que “nuestras empresas asociadas parecen resistir el impacto de la pandemia. Dependiendo de cómo se comporte el consumo y de las decisiones que adopten las distintas administraciones públicas, en los próximos meses confirmaremos la deseada recuperación o bien volveremos a la inquietante crisis”.

González ha aludido también a la economía sumergida, indicando que es “importantísimo que se mantenga el control y la lucha contra ella, más aún en épocas tan duras. Estamos hartos de que la inspección solo visite a las empresas que se encuentran legalmente establecidas”. Además, demanda a las administraciones una “acción enérgica sobre las actividades o negocios ilegales, sobre las mal llamadas empresas que operan en la clandestinidad”.