Tras la publicación el pasado 20 de mayo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación Catalana de Recambistas (Cira) ha analizado cómo afecta dicha ley al sector de la distribución de recambios. La consecuencia más evidente, señala Cira, es la desaparición de los motores de combustión del parque automovilístico. En menos de 20 años, los vehículos que se vendan en nuestro país deberán ser cero emisiones, lo que dará lugar a un cambio importante en la demanda y la oferta de recambios.
Los talleres ya están alerta para atender a un número cada vez mayor de vehículos eléctricos y los distribuidores deberán adaptarse a esa demanda y formar a sus equipos en nuevas líneas de producto relacionadas con la evolución a motores de no combustión. Una buena forma de destacar frente a la competencia es ayudando a los talleres en ese cambio de paradigma de la movilidad, facilitándoles herramientas online y formación.
Lo que dice la ley
Su objetivo es lograr la neutralidad climática en 2050; es decir, solo podrán emitirse los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos de forma natural (por ejemplo, por los bosques), para lo que se fijan recorte de emisiones y medidas para conseguirlo.
La ley, de carácter internacional, es una apuesta decisiva, al menos en Europa, para luchar contra el calentamiento global del planeta eliminando el uso de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. La ley es también un instrumento en el que se pueden canalizar los fondos europeos de recuperación. El objetivo de llegar a la neutralidad climática obviamente tiene que ser gradual, y por eso la norma se denomina de “transición energética” y establece una serie de hitos temporales.
Los hitos
En noviembre 2021 se constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal orientada a la fiscalidad verde. Este comité remitirá cada año al Congreso de los Diputados un informe sobre la evolución de las medidas adoptadas y el avance en los objetivos.
El año próximo deberá estar operativa una plataforma de información sobre puntos de recarga para todo el estado, mientras que en 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tiene que emitir su Plan de movilidad urbana sostenible, que les permita reducir emisiones. Las estaciones de servicio nuevas o existentes y los edificios que no estén destinados a uso residencial, y cuenten con más de 20 plazas de aparcamiento, deberán instalar puntos de recarga rápida.
En 2030, las emisiones globales de España deberán reducirse el 23% respecto a las de 1990 y las energías renovables deberán suponer, al menos, el 42% del consumo total de energía. Además, el 74% de generación del sistema eléctrico procederá de energías renovables y la eficiencia tendrá que mejorar, al menos, el 39,5%.
Ya en 2040, los turismos y vehículos comerciales ligeros que se vendan no podrán emitir nada de CO2 y en 2050, el sistema eléctrico estará conformado exclusivamente por energías renovables y todos los turismos y vehículos comerciales ligeros que circulen por España deberán ser cero emisiones. En este año deberá alcanzarse la neutralidad climática; es decir, el balance entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero tendrá que ser cero.
