El Consejo Ejecutivo del Gobierno de Cataluña ha aprobado este martes 14 de julio el anteproyecto de ley del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que actualiza su marco jurídico y permite el acceso de nuevos operadores y libera los precios prestados en las estaciones fijas, como principales novedades.
De todas ellas, según informa Europa Press, destaca la libertad de establecimiento con un sistema de ponderación territorial. Así, las empresas tendrán libertad para fijar los precios, pero el ejecutivo catalán se reserva el derecho a intervenir estableciendo tarifas máximas ante posibles disfunciones del mercado. Igualmente, la norma obligará a las estaciones a cumplir con condiciones de sostenibilidad medioambiental que fomenten el uso de fuentes renovables.
En estos momentos, Cataluña posee un total de 50 estaciones fijas de ITV y 10 unidades móviles, gestionadas por cinco operadores privados, que realizan aproximadamente 3,2 millones de inspecciones anuales de un parque de más de 5,4 millones de vehículos, con una antigüedad media de 15 años.
Tras confirmarse el anteproyecto, la portavoz y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha comentado en rueda de prensa este 14 de julio que la norma busca "regular e integrar" de forma integral este servicio en Cataluña, tras diez años con una "situación de alegalidad".
"Con este anteproyecto, se pretende adaptar las necesidades actuales a este servicio, mejorar su eficiencia y, sobre todo, reforzar su accesibilidad en todo el territorio catalán", detalló añadiendo que,"la norma favorece el incremento de la red de estaciones, congelada desde hace más de diez años, e impulsa la competencia!.
Un limbo legal desde 2016
Echando la vista atrás, la Generalitat dejó la ITV en manos de empresas privadas en 1982 mediante concesiones, mientras que en 2008 intentó modernizar el sistema para que hubiera más competencia con la cuota de mercado que podía tener una sola empresa, al tiempo que planificó dónde debían abrirse nuevas estaciones. Bajo este nuevo marco, se impulsó en 2010 un plan para los siguientes cuatro años para abrir nuevos centros y se repartieron las correspondientes autorizaciones.
No obstante, en 2016, el Tribunal Supremo anuló algunos de los elementos clave de estas reglas, ya que consideró que restringían la libre competencia, lo que en la práctica acabó afectando a los nuevos permisos concedidos. Igualmente, el Supremo también impidió que las empresas históricas siguieran utilizando de forma indefinida las instalaciones que debían haber revertido a la Generalitat.
El resultado final de estos acontecimientos fue un limbo legal en el sector, ya que la apertura de estaciones quedó totalmente congelada provocando una situación de "estancamiento". Para evitar la paralización del servicio, el Ejecutivo catalán aprobó en 2021 un permiso temporal que ha permitido a los operadores seguir trabajando hasta la actualidad, a la espera de esta nueva ley.
