El final de la legislatura y el anuncio de elecciones generales para el 28 de abril puede cambiar el rumbo de la futura ley de cambio climático. En su momento parecía inevitable que el Gobierno socialista incluyera en la ley la prohibición de vender vehículos con motores de combustión interna a partir de 2040, pero esta semana se han conocido informaciones contradictorias a este respecto.

Así, hace unos días el Confidencial Digital publicaba que el Ejecutivo dará marcha atrás en la polémica medida. Según el medio, "Moncloa ha cedido a la presión de fabricantes, concesionarios, usuarios y petroleras". Todo el sector se había mostrado unánimemente contrario a poner fin al diésel y la gasolina dentro de 21 años.

De esta forma, el proyecto de ley de cambio climático no incluiría una fecha para el veto a esos motores y el Gobierno estaría abierto a aplazar la fecha límite que había anunciado.

Pero hoy Pedro Sánchez ha confirmado que el anteproyecto de ley de cambio climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches diésel, gasolina e híbridos, certificando el objetivo de llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2.

El presidente del Gobierno ha asegurado en la presentación del paquete de medidas energéticas y medioambientales que no se está "proponiendo nada caprichoso, sino necesario" y que alcanzar un parque de vehículos sin emisiones supone "una enorme oportunidad" para la industria automovilística, que debe "liderar este cambio".

Unas afirmaciones que no sólo contrastan con la filtración a El Confidencial Digital, sino también con las propias declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Congreso de Faconauto, donde manifestó que los motores de combustión "todavía tienen mucho que decir", dado que el mercado automovilístico no puede prescindir de ellos.

Este cambio de línea se justificaría en que los fabricantes de automóviles han conseguido reducir  sustancialmente los niveles de emisiones de los nuevos motores diésel y gasolina. Por tanto, el rejuvenecimiento del parque móvil, incentivando la compra de vehículos nuevos equipados con motores más ecológicos, sería una vía más razonable que la prohibición. Pero las palabras de Sánchez, inmerso ya en precampaña, parecen apuntar en otra dirección. Una incoherencia, la del Gobierno, que profundiza en la incertidumbre que viene padeciendo el sector de la automoción español desde hace meses.