La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma Andaluza, y dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha realizado en octubre un total de 65 inspecciones en talleres mecánicos de Córdoba, de las que 14 han acabado en denuncias a diferentes centros.
Dentro de esta campaña, los agentes han comprobado la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en los establecimientos de reparación, así como el adecuado tratamiento de los residuos tóxicos generados con el fin de que no supongan un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.
Así lo ha indicado la delegada de la Junta en Córdoba, Rafi Crespín, quien ha señalado que "con estas actuaciones se previene la eliminación incontrolada de residuos tóxicos o peligrosos, como baterías, aceites del motor, etc., que, a menudo, se vierten sin control alguno, con el consiguiente riesgo de filtraciones para los acuíferos, la flora y fauna".
Además, Crespín indica que el trabajo de la policía ha estado especialmente centrado en la localización e inspección de talleres ilegales, los cuales no cuentan con las debidas licencias y autorizaciones, causando un grave perjuicio económico a las distintas administraciones, al no pagar los preceptivos impuestos y tasas.
"Este incumplimiento supone una competencia desleal con los talleres que sí cumplen la normativa vigente. Además, los talleres ilegales, en numerosas ocasiones, tampoco respetan los derechos de los consumidores" afirma la delegada de la Junta.
Entre las infracciones más frecuentes destacan las relativas a licencias o autorizaciones para ejercer tal actividad, falta del registro industrial, no figurar inscrito como productor de residuos, no tratar los residuos generados conforme a la normativa o no cumplir con lo estipulado en cuanto a los derechos de los consumidores.
A lo largo de 2017, las autoridades han inspeccionado en Córdoba un total de 74 talleres, se han identificado 29 personas y se han impuesto 24 denuncias por operar sin ningún tipo de autorización administrativa por parte de industria o sin licencia municipal de apertura de establecimiento.
