Desde hace unas semanas la Dirección General de Tráfico (DGT) está enviando cartas certificadas a los propietarios de coches afectados por el caso de las emisiones contaminantes de Volkswagen aconsejándoles que lleven sus coches a revisión.

Ante esta situación, tanto la OCU como Facua consideran el envío de esta misiva a los propietarios de los coches afectados una mala praxis de la entidad, ya que no exige compensaciones, en línea con la posición del Parlamento Europeo, que considera necesaria una indemnización.

Así, desde Facua denuncian que es “un lavado de cara a una multinacional imputada de los delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude en subvenciones y contra el medio ambiente”.

La DGT alega que su “única colaboración con los fabricantes consiste en facilitar las direcciones de contacto de los titulares de los vehículos afectados por los defectos de fabricación detectados".

No obstante, reconoce ante el juez que instruye la causa penal contra el grupo Volkswagen que "no tiene conocimientos ni competencias respecto de los defectos detectados ni sobre el alcance de su reparación", según informa Facua.

Esta asociación denuncia que, en la comunicación remitida a los conductores, Tráfico oculta que Volkswagen ha cometido un fraude para falsear las emisiones contaminantes y simular que sus coches cumplen la normativa europea.

Asimismo, la OCU critica “que la DGT se ponga al servicio de la marca de coches, tomando partido a su favor, ninguneando a los consumidores” y añade que dicha carta “pretende influir en la decisión de llevar el coche al taller, a pesar de que no hay ninguna obligación de hacerlo”.

Por ello, aconseja no llevar el coche al taller a pesar de estas recomendaciones, ya que “una vez pasada la revisión se dificultará más la posibilidad de cobrar indemnizaciones” e indica que “Volkswagen podría alegar que el problema se ha subsanado y que el vehículo ya está conforme a la homologación”.

La OCU ha afirmado que continúa con su campaña con el objetivo de pedir compensaciones para los afectados. Tras la no comparecencia de la compañía al procedimiento judicial de conciliación, la asociación reclama más 22 millones de euros, 3000 euros por persona, en concepto de daños y perjuicios para los más de 7.500 afectados.