La existencia de talleres ilegales en el sector de la automoción se ha convertido en un importante problema para empresarios, administraciones y fuerzas de seguridad. Así lo constata el secretario de Aesat, Víctor Yenes, que reconoce que es una cuestión difícil de abordar porque tiene varias facetas: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, medio ambiente y seguridad vial.

De esta forma, Yenes indica en El Norte de Castilla que estos negocios son un fraude múltiple. Por un lado, “afectan al consumidor porque no hay facturas ni garantías sobre las reparaciones, con el riesgo que ello conlleva para el vehículo y la seguridad vial”. Si las reparaciones fallan, no hay a quién reclamar.

Por otro lado, provocan quebraderos de cabeza a la Seguridad Social, ya que no suelen estar dados de alta y al no cotizar son un fraude para la Agencia Tributaria. A esto se suma la no adecuada gestión de residuos y el no cumplimiento de la normativa laboral ni de prevención de riesgos laborales.

Frente a esto, desde las asociaciones se solicita más coordinación de ayuntamientos, Seprona, Seguridad Social, Hacienda... Y añade que hacen falta más medios de la administración para luchar contra dichos establecimientos clandestinos.

Los empresarios también señalan que las ITV, por ejemplo, tienen un resquicio legal que habría que cerrar. Según la ley, un coche rechazado en una inspección técnica debe presentar un documento que certifique que ya está reparado para poder volver a presentarse (factura de un taller o un certificado del propietario diciendo que lo ha reparado él mismo). Pero la patronal cree que la norma debería exigir una factura de un taller legal, como herramienta para empezar a atajar el problema de los ilegales.

Por otra parte, desde Aesat apuntan que denunciar los talleres fraudulentos es difícil y más en el ámbito rural; pero conductores y empresarios tienen a su disposición un arma en forma de buzón anónimo. Así, Cetraa tiene una 'sala de denuncias' en su web en la que cualquiera puede informar sobre la existencia de un taller ilegal. Una vez recibido un posible aviso, se investiga al presunto defraudador y si se detecta actividad irregular, se puede comunicar a la administración.

Se calcula que “en Salamanca, igual que en España, alrededor del 20% de los talleres establecidos son clandestinos. En Salamanca, dado que muchos centros de reparación están en pequeños pueblos de la provincia y se dedican a la maquinaria agrícola, calculamos que habrá unos 300 en toda la provincia. Si aplicamos ese 20%, habrá en torno a unos 60 ilegales”, explica Yanes.

Los empresarios recuerdan que pese a que la crisis haya acabado, las empresas de reparación de automóviles aún padecen las consecuencias. “La rentabilidad de los talleres tras la crisis es muy justa y la amenaza sigue. Si no puedes bajar precios” para competir contra unos talleres ilegales que no pagan ningún impuesto, “estás abocado al cierre”, añade Yanes.

Por último, el secretario de Aesat recuerda que al ir a reparar un coche a un taller se tiene el derecho de saber de dónde vienen las piezas. En uno ilegal y clandestino no se sabe de dónde proceden o si la maquinaria que usan es fiable o no.