Sí, pero con condiciones. Francia y España solicitaron este 21 de octubre mantener el calendario europeo que prevé el fin de la venta de vehículos con emisiones de CO2 en 2035, aunque, eso sí, propusieron acompañarlo con medidas de apoyo a la industria automovilística que invierta y fabrique en la Unión Europea. "El futuro de la industria automovilística europea será eléctrico", subrayan Madrid y París en un documento conjunto remitido al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea con el título "Mantener el rumbo hacia los vehículos de cero emisiones en 2035 es indispensable".

El escrito, al que ha tenido acceso la agencia Efe, fue presentado a puerta cerrada durante la reunión de los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete y se conoce un día después de que la Comisión Europea anunciara que adelantará a finales de este año la revisión de los estándares de emisiones de CO2 que prohíben a partir de 2035 la venta de nuevos coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono, frente a la fecha prevista inicialmente en 2026.

"Francia y España consideran (...) que la revisión prevista debe preservar el objetivo de 2035 y la ambición medioambiental de la trayectoria de reducción de CO2 que lo sustenta", dicen. Además, ambos Estados miembros insisten en que no se deben habilitar alternativas que permitan escapar al "objetivo de 'cero emisiones' para 2035", y rechazan, como sugiere parte de la industria, que se "favorezca a los vehículos híbridos enchufables, que funcionan principalmente en modo térmico".

Medidas adicionales

Los Gobiernos español y francés, no obstante, reconocen que para alcanzar el objetivo fijado para la automoción "son necesarias medidas adicionales", ya que el sector "se enfrenta a un ritmo de electrificación inferior al esperado y a una creciente presión sobre las inversiones, mientras que la industria de otros países avanza más rápido en la electrificación".

"El reglamento revisado debe modificarse para garantizar que proporcione un entorno propicio para que las empresas europeas inviertan en la electrificación de su producción industrial en Europa, para tal fin, deben establecerse flexibilidades, pero únicamente para apoyar al sector en la consecución de sus objetivos de 2030 y 2035", justifican.

Estas "flexibilidades" podrían adoptar la forma de "una contabilización preferencial ("supercréditos") para los vehículos que cumplan los objetivos de contenido europeo", de forma que fomenten "la reducción de CO2 asociada a la producción de estos vehículos en Europa, en comparación con la reducción más intensiva en carbono observada en terceros países", añaden.

Y es que tanto España como Francia creen que la medida "apoyaría a los fabricantes que produzcan y obtengan suministros en Europa y garantizaría que la transición hacia los vehículos eléctricos beneficie a las industrias y a los trabajadores europeos".

Por último, a ambos lados de los Pirineos proponen una ampliación de cinco años del período de adaptación a las normas de emisiones de CO2 para las furgonetas, entre otros puntos, ya que las versiones eléctricas no se venden al ritmo deseado y "los fabricantes no deberían ser penalizados por una demanda insuficiente", concluyen.