Actualmente, los concesionarios gallegos tienen en stock más de 6.000 unidades automatriculadas, es decir, más del doble de lo habitual debido, en parte, a la menor demanda de los vehículos diésel.

Esta situación se ve agravada por que dichos establecimientos solo tienen julio y agosto para poder venderlos, ya que a partir del 1 se septiembre entrará en vigor la normativa europea de emisiones WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), según publica La Voz de Galicia.

Así, a partir de la mencionada fecha, todos los automóviles que pongan a la venta los centros deberán tener esta homologación para ser comercializados como nuevos en la UE.

De esta forma, el 1 de septiembre, como mucho, se permitirá tener en stock sin homologar el 10% de cada marca, aunque ese margen es muy escaso, según indican fuentes del sector, por lo que prevén que será necesario mejorar las promociones y automatricular coches para darles salida en el mercado de ocasión, añaden los empresarios.

Además, afirman que tendrán que acudir a los bancos para obtener la financiación necesaria, “con el agravante de que en seis meses estos coches pasarán a ser simples vehículos de ocasión, lo que reducirá su precio”.

Por este motivo, desde Faconauto señalan que “en los próximos dos meses habrá una anticipación de las ventas” y añade que esto supondrá mayores descuentos que podrían superar los 5.000 euros”.

Por otro lado, la nueva regulación sobre las emisiones WLTP, que pretende frenar los trucajes, hará que los coches nuevos suban de precio si el Gobierno mantiene el actual sistema impositivo, ya que este se encuentra ligado a las emisiones de CO2 y solo lo pagan los vehículos que expulsan más de 120 gramos por kilómetro.

Asimismo, esta homologación controla las emisiones reales en carretera, pudiendo subir el valor de CO2 de un vehículo respecto a la normativa actual hasta el 30%, lo cual haría que se produjeran saltos entre los distintos tramos del impuesto.

Desde Faconauto aseguran que esta subida se podría situar entre los 700 y 1.000 euros por automóvil, con lo que la recaudación que obtendrían las comunidades autónomas, ascendería hasta 900 o 1.000 millones de euros, frente a los 350 millones que se ingresaron en 2017.

Atendiendo a estos aspectos, la patronal acordó con el anterior Gobierno que, hasta principios de 2019 y a efectos impositivos, se aplicarán los valores actuales.

No obstante, la ministra de Transición Ecológica ha señalado estos días que los diésel tienen los días contados ante el impacto ambiental de este combustible. Por ello, en otoño se presentarán las primeras medidas urgentes de la ley de cambio climático.