Después de criticar la inacción del Ministerio de Industria en el caso Volkswagen, la OCU ha vuelto a pronunciarse. En esta ocasión, para denunciar que el fabricante sigue sin tener la autorización de los organismos pertinentes para reparar los coches afectados por el ‘dieselgate’.

La organización de consumidores alega que, durante los siete meses que han pasado desde el estallido del escándalo de las emisiones, solo una minoría de propietarios han recibido la llamada al taller para la eliminación del software trucado.

Y subraya que, para que VW pueda hacer esta llamada, las autoridades de homologación (la KBA alemana en el caso Volkswagen y el Ministerio de Industria español en el caso de Seat) tienen que autorizar los procedimientos de reparación propuestos por los fabricantes.

La propia KBA ha reconocido que dicha autorización se retrasa en todos los modelos de las marcas implicadas, a excepción del Amarok de Volkswagen, por lo que la OCU está cuestionando si realmente es posible modificar el software sin que el nivel de emisiones exceda lo permitido o sin que la potencia de los vehículos o su consumo se vean afectados.

En diciembre, la firma alemana anunció que las reparaciones comenzarían en enero, fecha que se pospuso hasta marzo. Sin embargo, “el mes de marzo ha finalizado y la inmensa mayoría de los propietarios siguen sin recibir la esperada llamada”, afirma la OCU.

Estos hechos hacen que la organización confirme su motivación para plantear una demanda colectiva contra Volkswagen, para reclamar “por los perjuicios causados a los propietarios”.

Además, desde la OCU han pedido a los responsables de la compañía alemana que no anuncien nuevos plazos “hasta que no cuenten con todas las autorizaciones pertinentes y sean capaces de establecer un calendario realista para las mismas”, con el fin de evitar confusión entre los usuarios perjudicados.