Algo así como el cazador, cazado. Es lo que sucede en Andalucía con los trabajadores de ITV. Y es que esos mismos que acercan la lupa para examinar a los vehículos matriculados en esta comunidad autónoma para avalar su circulación, también son inspeccionados con el mismo rigor por un detective privado. Una práctica que se viene efectuando desde 2006, pero que, ahora, tiene, además, respaldo judicial. La intención es acabar con el absentismo laboral. 

Y es que, según informa ABC Sevilla, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, ha avalado que Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía) contrate un servicio de detectives privados para detectar bajas fingidas y posibles fraudes de los trabajadores en esta empresa, perteneciente a la Junta de Andalucía, que gestiona las estaciones que realizan la Inspección Técnica de Vehículos.

El origen de esta resolución parte de una sentencia dictada el pasado 9 de diciembre, que ya daba un respaldo rotundo a la vigilancia corporativa dentro del sector público autonómico. El tribunal ve legítimo que la empresa ponga a investigadores privados tras la pista de un empleado, cuando sospecha que se ha inventado una enfermedad para no ir a trabajar.

De este modo, el fallo desestima en su totalidad la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el comité de empresa provincial de Cádiz, que solicitaron anular la decisión de Veiasa de licitar este servicio, que incluso fue ya anunciado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 21 de agosto.

Fiscalizar el fraude entra dentro de las facultades lógicas de dirección empresarial, subrayan los magistrados, que desmontan la tesis sindical de que se trate de un espionaje "masivo, preventivo y prospectivo". "Nadie cuestionaría la decisión de la empresa pública demandada, ante supuestos de connivencia para defraudar (...) o de ausencias injustificadas, de encargar a un detective un informe", argumenta.

En una ponencia a cargo del magistrado José Luis Barragán, se expone que el sentido común impera sobre la sospecha gremial: "Nadie cuestionaría que una empresa privada firmase un contrato de arrendamiento de servicios con un despacho de detectives para investigar fraudes de sus trabajadores (...); en consecuencia, no puede cuestionarse tampoco la legalidad de la licitación impugnada en la demanda".

Práctica común en Veiasa desde 2006

Los demandantes alegaban que el contrato -cuya memoria justificativa apunta a «posibles ausencias injustificadas o justificadas indebidamente»- infringía el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Convenio Colectivo al no haber consultado previamente a los comités de seguridad. El tribunal echa por tierra este argumento: la recopilación de esta información "no tiene carácter de generalidad sobre la plantilla" de Veiasa, que ronda los 2.000 trabajadores, sino que se dirige a asalariados concretos que están bajo sospecha.

Además, la resolución subraya que el objeto del contrato "sólo adquirirá virtualidad en los supuestos de sospecha fundada" y recuerda que los pliegos de la licitación obligan a la agencia adjudicataria a respetar escrupulosamente la Ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad. Además, desde la Junta de Andalucía, sostienen que la contratación de detectives es una práctica común en empresas públicas y privadas, que realiza Veiasa desde 2006

En este sentido, Veiasa buscó esquivar el pleito alegando que la jurisdicción social no era competente para evaluar una licitación administrativa. La Sala niega la mayor y esgrime que, como aclararon los demandantes en el juicio celebrado el 3 de diciembre pasado, "no se impugna la licitación en sí del contrato, ni el procedimiento administrativo seguido hasta su publicación, sino el contenido de ese hipotético contrato, en cuanto que pudiera afectar a derechos de los trabajadores de la empresa demandada».

Alrededor de un 6% de absentismo 

Desde la consejería de Industria, Energía y Minas, dirigida por Jorge Paradela, han defendido que el uso de investigadores privados es idéntico al de la Seguridad Social, las mutuas y todo tipo de empresas públicas: "Sólo queremos garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto y defensa de los derechos de los trabajadores utilizando los medios legales necesarios para la detección de fraudes".

En estos momentos, Veiasa aglutina una plantilla de casi 2.000 trabajadores y una tasa de absentismo que oscila entre el 5% y el 6%. Para realizar este control, la sociedad adjudicó en septiembre de 2023 el anterior contrato a la firma EY JM Asociados 1989 Detectives, por un importe de 36.293,95 euros durante dos años.

Mientras tanto, en cuanto al fraude se refiere, históricamente, hay dos focos del fraude interno: el descuadre de dinero en las ventanillas y el trato de favor de ciertos inspectores hacia talleres amigos. El primer agujero se cerró tras la pandemia al eliminar el pago en efectivo y el segundo se liquidó implantando un algoritmo de asignación aleatoria de vehículos que impide al técnico elegir qué coche revisa.

Elegía de la picaresca

Una vez sesgadas de raíz esas vías, la baja médica fingida es hoy el principal escollo para Veiasa en su combate contra el absentismo. La base de datos judicial de la empresa colecciona toda una elegía de la picaresca. En 2018, por ejemplo, el TSJA ratificó el despido de un inspector de la ITV de Vícar (Almería) cazado por una detective. La profesional lo grabó revisando 24 coches en los que omitía mirar el número de bastidor, los cinturones o las luces, haciendo la prueba de gases con un pie fuera del vehículo.

Notificado el expediente, el técnico -que era cargo sindical y cobraba 2.878 euros mensuales- alegó una repentina "depresión cerebral". El juzgado de primera instancia declaró procedente su despido tras aceptar la prueba testifical de la investigadora, que había sido impugnada por el demandante con la excusa de que vulneraba su derecho a la intimidad. El TSJA ratificó la pérdida de su empleo.

En otro caso, en diciembre de 2003, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla confirmó el despido de un administrativo de Veiasa en Huelva que se dio de baja alegando que sufría artritis y un síndrome del túnel carpiano que le causaba el adormecimiento de las muñecas, "sin que haya prueba objetiva alguna que permita corroborar las secuelas que decía padecer", según relata la sentencia.

Y es que el trabajador había "ocultado su aptitud laboral" para prolongar la baja. Un detective lo había pillado infraganti conduciendo un vehículo hasta la localidad onubense de El Campillo, a 80 kilómetros de la capital, acarreando bombonas de butano hasta su casa y frotando la tapicería de su vehículo.