El Real Decreto de Talleres lleva aparcado por la Administración desde hace años. Eterna reivindicación del sector en los últimos tiempos, Cetraa y Conepa han querido mostrar que el camino se demuestra andando. En este caso, redactando. Ambas, Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) y Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (Conepa) han remitido al ministerio de Industria y Turismo una propuesta conjunta de modificación del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Su elaboración -que recoge el guante tendido por Jaime Barea desde Ganvam el pasado noviembre- aúna el trabajo realizado por ambas organizaciones junto con sus asociaciones territoriales para consensuar una posición común sobre una norma que, casi cuatro décadas después de su aprobación, requiere una actualización que responda a la evolución tecnológica, empresarial y jurídica del sector. El cometido no es otro que adecuar el marco normativo a nuevas realidades, ofrecer mayor seguridad jurídica a talleres y clientes, facilitar la gestión administrativa y reforzar las garantías en la prestación del servicio de reparación.
De este modo, entre las principales propuestas, figura el reconocimiento expreso de los talleres móviles, vinculados a un establecimiento fijo y sujetos a unas condiciones específicas de funcionamiento, una modalidad de servicio cada vez más presente y que actualmente precisa una regulación más concreta.
En el texto, Conepa y Cetraa plantean incorporar expresamente dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto actividades que ya forman parte de la realidad del mercado, como los trabajos de camperización, la sustitución de lunas y la reparación de bicicletas y patinetes eléctricos, evitando así situaciones de inseguridad jurídica tanto para las empresas reparadoras como para sus clientes.
Otro aspecto importante que no deja en el tintero esta propuesta es la lucha contra los talleres clandestinos. Así, incorpora la posibilidad de adoptar como “medida cautelar” el cierre de aquellos negocios que desarrollen la actividad sin estar debidamente inscritos en el correspondiente registro industrial. Se pretende así la atajar el intrusismo y la competencia desleal en el sector.
El "responsable técnico" del taller
Las organizaciones también proponen regular la figura del “responsable técnico” del taller, para ello, establecen las distintas vías mediante las que podrá acreditarse la capacitación profesional necesaria para desempeñar esa función, consistente en asegurar que los trabajos de reparación se realizan en las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad vial.
Por otro lado, entre las medidas presentadas, se reclama que toda la documentación que debe formalizarse entre el taller y el cliente -presupuestos, resguardos de depósito, aceptación de averías ocultas y demás autorizaciones- pueda firmarse por medios telemáticos con plena validez jurídica, eliminando la necesidad de recurrir al soporte papel cuando exista consentimiento electrónico acreditado.
Retención del vehículo hasta el pago de la factura
Asimismo, otra de las grandes batallas, en materia de derechos y obligaciones, es la retención del vehículo por parte del taller. Aquí, la propuesta de modificación del Real Decreto es clara: se solicita el reconocimiento expreso del derecho de retención del vehículo hasta el abono de la factura de la reparación o, en su caso, de la confección del presupuesto cuando el cliente decida no encargar finalmente el trabajo al taller en cuestión.
En paralelo, se plantea concretar los supuestos en los que un taller puede ejercer el “derecho de admisión”, como la falta de medios técnicos adecuados para una determinada reparación, la aportación de piezas que no ofrezcan las debidas garantías de seguridad o la existencia de impagos o conflictos anteriores con el cliente.
Mejoras sustanciales para el recambio
Mientras, sobre las garantías de las reparaciones, el binomio Conepa-Cetraa considera necesario clarificar que estas deben regirse por el propio Real Decreto de Talleres y no por la normativa aplicable a las compraventas de bienes. Asimismo, proponen reconocer expresamente en el texto normativo el derecho del taller a reclamar al fabricante o vendedor de una pieza defectuosa tanto el importe de la propia pieza como el coste de la mano de obra necesaria para su sustitución cuando haya tenido que responder frente al cliente.
En cuanto a las piezas usadas, ambas organizaciones defienden que puedan instalarse siempre que cuenten con la correspondiente certificación que acredite su idoneidad, de manera que se refuercen las garantías para el cliente y la trazabilidad de los componentes empleados en la reparación, acorde a lo ya previsto en otra normativa.
Además, tanto Cetraa como Conepa han reiterado su disposición a colaborar con el ministerio durante el proceso de modificación del Real Decreto, con el objetivo de dotar al sector de una regulación adaptada a la realidad actual, que proporcione mayor seguridad jurídica a talleres y clientes y contribuya a mejorar la calidad del servicio prestado.
