Entre 6 y 10 euros por cada hora de trabajo. Es el minúsculo sueldo que el responsable de un taller clandestino pagaba a sus empleados -inmigrantes en situación irregular en España- en el municipio valenciano de Aldaia. Además, por supuesto, sin hacerles ni contrato ni darles de alta en la Seguridad Social. Unas condiciones deplorables que han obligado a la Policia Nacional de Xirivella (Valencia) a intervenir. 

En el taller, los trabajadores eran explotados por un hombre de nacionalidad colombiana, de 54 años. Propietario del local, fue detenido por un delito contra los derechos de los trabajadores, sin embargo, quedó en libertad tras ser interrogado por la Policía Nacional y deberá comparecer ante el juez que instruye la causa, cuando lo cite para tomarle declaración como investigado.

Su caso va aún más allá, pues sus trabajadores -en su mayoría colombianos y ecuatorianos- no son los únicos en situación irregular en España, ya que tampoco el gestor del taller dispone de la documentación en regla. Es más, tiene abierto un expediente de expulsión por una infracción a la Ley de Extranjería, según informaron fuentes jurídicas a Las Provincias.

Una operación coordinada 

Después de varios meses de investigación en la zona, las autoridades optaron por montar un operativo coordinado en el que colaboró desde la Policía Autonómica hasta agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la comisaría de la Policía Nacional de Xirivella pasando por un inspector de la Seguridad Social, que realizaron una inspección en la nave donde reparaban y pintaban vehículos. Tras revisar la documentación del establecimiento, constataron el empleo irregular.

De esta manera, se procedió a la confección de sendos informes: el primero, dado que el responsable del taller no tenía los permisos necesarios para dirigir la actividad mercantil; y el segundo, puesto que tampoco aportó la documentación laboral de sus empleados.

Por si fuera poco, durante el registro, los agentes de la Policía Nacional identificaron a varios inmigrantes de origen sudamericano que estaban trabajando dentro de la nave sin material de protección, por lo que corrían riesgo de sufrir lesiones cuando utilizaban la maquinaria del taller. Con el salario que cobraban, según los agentes, los trabajadores explotados apenas podían cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, transporte y otros gastos esenciales.

En total, de acuerdo con las indagaciones realizads hasta el momento por las autoridades, el detenido empleó a siete ciudadanos extranjeros, cinco de ellos sin permiso de trabajo en nuestro país, sin hacerles contrato ni darles de alta en la Seguridad Social. El taller estaba oculto dentro de una nave de Aldaia que funcionaba a puerta cerrada y sin ningún cartel exterior, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

La desarticulación y clausura del taller ilegal es el resultado de una operación madura, puesto que los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras comenzaron las investigaciones en agosto de 2024, después de que la Policía Autonómica les pusiera sobre la pista de una posible situación de trabajo no declarado y empleo irregular por parte del dueño del taller.