Lo que mal empieza, mal acaba. La Junta Directiva de Asetra ha resuelto los expedientes disciplinarios abiertos contra Miguel Ángel Fernández (KI Motor 2005) y Dionisio Cerdán (RIC Madrid) y ha acordado la expulsión de ambos talleres. Sus responsables ya han anunciado que recurrirán la decisión ante los tribunales y continuarán defendiendo por las vías legales disponibles sus derechos e intereses como asociados.

El origen de tan enquistado conflicto se remonta a las solicitudes de información que ambos empresarios formularon durante meses para acceder a las cuentas de la asociación y a los libros de actas de las últimas sesiones. Tras intentar obtener esta documentación a través de los cauces internos, y ante la negativa a facilitársela, presentaron una demanda judicial. La iniciativa legal, por tanto, responde a la falta de acceso a la información solicitada y no a los expedientes disciplinarios, que se tramitaron posteriormente.

"Contra la gestión de la Junta, no contra Asetra"

Tras conocer la decisión de la Junta Directiva, Cerdán y Fernández han querido subrayar que su iniciativa judicial "no pretende perjudicar a Asetra ni cuestionar el valor de las asociaciones sectoriales". De hecho, ambos reconocen el papel fundamental que estas organizaciones desempeñan en la defensa de los profesionales, la articulación de intereses comunes y la evolución de una actividad que necesita afrontar importantes retos de renovación.

Es más, ambos consideran que "Asetra debe desempeñar un papel relevante en la transformación de la posventa y en la construcción de un sector preparado para el futuro". Precisamente por dicha importancia que conceden a la asociación, entienden que "su funcionamiento debe estar presidido por la transparencia, el respeto a sus estatutos y unas prácticas de gobierno acordes con la responsabilidad que asume". Por ello, distinguen "entre la institución y quienes la dirigen actualmente".

Por este motivo, "las acciones judiciales se dirigen a cuestionar actuaciones de la actual Junta Directiva", que consideran "contrarias a los derechos de los asociados y al cumplimiento de las normas internas de la entidad, no a debilitar la asociación ni a restarle legitimidad como representante del sector".

"Creemos en las asociaciones y en su papel para impulsar los cambios que necesita la posventa, precisamente por eso, consideramos que deben funcionar con transparencia y respetar las reglas que ellas mismas se han dado, defender esos principios no es ir contra Asetra, sino reclamar que esté a la altura de lo que el sector necesita", señalan.

"Decisiones que implican responsabilidades"

La expulsión de ambos talleres añade un nuevo capítulo a una controversia que, a juicio de sus responsables, "podría haberse abordado de otra manera", es decir, facilitando la documentación solicitada y resolviendo las discrepancias mediante los mecanismos previstos en la propia asociación. En lugar de ello, la situación ha desembocado en una decisión que será sometida a revisión judicial. Cerdán y Fernández consideran que "reclamar información y exigir el cumplimiento de los estatutos no debería convertirse en motivo de exclusión para un asociado".

En este fundamento se razona la "convicción de recurrir" y de que sean los "tribunales quienes examinen las actuaciones controvertidas y determinen las consecuencias que correspondan conforme a derecho". "El ejercicio de responsabilidades dentro de una asociación no queda al margen de las normas: las decisiones adoptadas pueden tener consecuencias legales, como sucede en cualquier organización, porque no se trata de una confrontación personal, sino de acudir a los mecanismos establecidos para resolver una controversia y obtener una respuesta conforme a derecho".

Según ambos empresarios, la importancia de iniciativas como "Cambiemos la Posventa", de la que son promotores; y que busca "una evolución del sector basada en una mayor participación, transparencia y capacidad de influencia de sus profesionales" es la renovación de la posventa. "No puede limitarse a los retos empresariales, tecnológicos o comerciales, también debe alcanzar a las estructuras que representan al sector, que necesitan generar confianza entre sus miembros y garantizar que los derechos de los asociados sean respetados",  defienden Fernández y Cerdán.