En la lucha contra los negocios de reparación de vehículos ilegales, la implicación de las Administraciones es fundamental. Sin embargo, las patronales de talleres han denunciado en varias ocasiones falta de verdadero compromiso por su parte.

Ejemplo de la pasividad de las instituciones es el cierre de un taller de Ponteareas (Pontevedra) tras operar sin licencia durante más de 15 años.

Según ha informado la prensa regional, la Policía Local ha clausurado el negocio, ubicado en la en la parroquia de Ribadetea, tras dictarse sentencia desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra.

Las primeras denuncias contra este taller datan de 2001, por lo que la concejala de Urbanismo del municipio, Chus Garrote, ha acusado al anterior gobierno de “inacción al tratar de buscar una solución”.

Todos los avisos registrados en el Concello de Ponteareas provienen del mismo denunciante: el propietario de una vivienda colindante con el taller por sufrir “ruidos ensordecedores por lavados de motor, vertido de aceites y liberación de gases tóxicos”.

Este caso, unido al reciente cierre de tres talles ilegales en Zaragoza y las denuncias presentadas en A Coruña (donde se estima que puede haber más de 120 negocios de este tipo) ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de que las Administraciones, locales y autonómicas, tomen cartas en el asunto.

Sin embargo, erradicarlos no es fácil, pues muchos de ellos realizan su actividad en locales de antiguos talleres, en garajes y espacios privados, por lo que las patronales confían en la colaboración ciudadana y las denuncias de los profesionales del sector.