Las nuevas exigencias en materia de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que entrarán en vigor en 2021 en Europa harán que los fabricantes de automóviles se enfrenten a multas de entre 2.403 y 11.198 millones de euros en caso de que no las cumplan, según un informe de la agencia de calificación Moody's.
Por este motivo, las firmas están trabajando en el desarrollo y la producción de vehículos eléctricos que cumplan estas normativas. Así, el vicepresidente y analista de Moody's, James Leaton, subraya que "las potenciales fuertes multas están actuando como un gran incentivo para el lanzamiento de un número sin precedentes de nuevos vehículos eléctricos o híbridos durante el próximo año".
No obstante, indica que muchos fabricantes podrían no alcanzar estos objetivos de emisiones, lo que podría provocar que tengan que pagar penalizaciones o que se vean obligados a reducir su cuota de mercado. Es el caso de Volkswagen, Fiat Chrysler, Ford, Hyundai y Kia, según informa Europa Press.
Las marcas de automóviles que no cumplan la nueva regulación tendrán que abonar en Europa una multa de 95 euros por cada gramo de más que emita cada uno de sus vehículos comercializados en el Viejo Continente.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que, en el peor de los escenarios posibles, la japonesa Toyota es la única firma del sector que cumplirá con los objetivos medioambientales en Europa.
Entre las empresas automovilísticas que experimentarán un impacto menor en multas por esta situación en el escenario más hostil destacan Volvo Cars, con 57 millones de euros en sanciones, y Jaguar Land Rover, con 141 millones de euros en penalizaciones.
En el lado opuesto, Volkswagen se sitúa como la compañía del sector más expuesta a las multas y podría tener que hacer frente a penalizaciones de 3.869 millones de euros, teniendo en cuenta sus ventas europeas en 2017 y una desviación de 11,5 gramos por kilómetro de CO2 sobre el objetivo de 95 gramos para 2021.
El informe tiene presente otros dos escenarios de adaptación a la regulación sobre emisiones más rápidos por parte de los fabricantes de vehículos, en los que se contemplan unas multas totales de 2.403 millones de euros en el caso de una adaptación rápida y de 5.877 millones de euros si se hace una transición moderada.
