La proliferación de talleres ilegales toma tintes dramáticos en algunas zonas. Este es el caso de Canarias, tal y como denuncia en la prensa local la patronal de talleres de Las Palmas Atare. Según esta asociación, el 40% de los talleres de Fuerteventura y Lanzarote se encuentra en situación ilegal.

La patronal explica que, en el caso de la isla de Gran Canaria, esta cuota alcanza el 25%. Y cifra la pérdida de ingresos anual para las arcas públicas por esta actividad en 16,7 millones de euros.

Atare explica que ha presentado 300 denuncias contra talleres ilegales en los últimos dos años ante distintos organismos. La mayoría de ellas se ha dado en Lanzarote, con 134, y Fuerteventura, con 98.

La patronal señala directamente a este tipo de actividad como culpable del cierre de empresas y el despido de trabajadores en el sector de la reparación. Por ese motivo, ha desarrollado una campaña contra los talleres ilegales, a través de la que ha denunciado sus prácticas fraudulentas en materia de consumo, medio ambiente o seguridad vial, entre otras materias.