Un taller puede recibir una sanción administrativa por no disponer de la debida autorización expresa del usuario aceptando la variación de su presupuesto inicial de reparación. Así lo ha recordado la Unión de Empresarios de Automoción de Cataluña (UEAC), que sostiene también que en algunos casos estos expedientes acaban en sanción económica para el taller si la autoridad administrativa así lo resuelve, con independencia de los posibles recursos admisibles en derecho.

De ahí que desde esta entidad recuerden la necesidad de informar al usuario, en el plazo máximo de 48 horas, de las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del vehículo, con expresión de su importe, y solicitar del cliente su autorización expresa para realizar la reparación. Con el fin de evitar complicaciones innecesarias, aconsejan asimismo que esta autorización se formalice por escrito.

Para la UEAC, además de ser una obligación legal, se trata de “una práctica que, aunque choca con los tiempos tan ajustados del reparador en su día a día, le otorga seguridad jurídica en el supuesto de que posteriormente se plantee alguna queja por parte del consumidor”.