El Consejo Europeo decidirá el día 28 de junio si la propuesta de la Comisión Europea del Reglamento de estándares de emisiones de CO2 de vehículos ligeros (turismos y furgonetas), incluida en el paquete legislativo Fit For 55, sale adelante. Ante la trascendencia de esta decisión, que implica de facto la prohibición de la venta del motor de combustión a partir de 2035, 16 asociaciones advierten al Gobierno de que votar a favor de esta propuesta es votar “contra los intereses de España”.

Las asociaciones firmantes; Aevecar, Ancera, Aop, Appa biocarburantes, Astic, ATliq, Bio-E, Cees, Cetm, Codigasoil, Cenfebus, Ewaba España, Faconauto, Sernauto, Uno y Upi, anuncian que las consecuencias sociales y económicas de esta medida afectarán, especialmente, a la población más vulnerable y las rentas más bajas, así como a la ciudadanía de las zonas más despobladas y menos comunicadas.

“En primer lugar, las infraestructuras españolas no están preparadas para la electrificación total del parque móvil. Asimismo, el territorio español es uno de los más extensos de la Unión y, por tanto, uno de los más complicados de vertebrar. Apostar únicamente por la electrificación va a generar zonas de sombra en la España rural y vaciada. Habrá, por tanto, parte de la ciudadanía que no pueda recargar el vehículo”, explican las asociaciones en su escrito.

MÁS AUTONOMÍA

“Por otra parte, se está ignorando que en las zonas más despobladas se necesita una mayor autonomía en el automóvil para recorrer largas distancias sin necesidad de repostar, a diferencia de los trayectos urbanos”, aseguran.

También se obvia que la maquinaria y el transporte de agricultores y pescadores, así como el transporte pesado de mercancías, funciona con combustible líquido, por lo que “se dificultaría el desarrollo de la actividad, su rentabilidad y el empleo que sostienen”.

Por este motivo, las asociaciones representantes de industrias vinculadas al transporte y la movilidad exigen “que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban alternativas energéticas”. 

“Prohibir la venta de los motores de combustión supondrá frenar el desarrollo de los ecocombustibles, combustibles líquidos bajos o neutros en carbono”, afirman en su escrito.

DESCARBONIZACIÓN

Las asociaciones señalan que el desincentivo en la inversión derivado de la prohibición del motor de combustión pondrá en riesgo un gran número de puestos de trabajo, tanto de la industria del refino y de distribución de carburantes como en la de componentes de automoción y en las vinculadas a la movilidad y al transporte.

No se trata solo de la pérdida de eficiencia en el proceso de la transición energética, explican, se trata de “la pérdida de derechos en materia de movilidad, de calidad de vida y de poder adquisitivo en las clases medias y bajas”.

Las asociaciones firmantes recalcan su compromiso con la descarbonización de la movilidad y la economía, así como con una transición energética que sea “justa, accesible, eficiente e inclusiva para que nadie quede atrás”. 

Por ello, demandan al Ejecutivo español que “escuche a todos los sectores y que calibre el alcance de sus decisiones”. También instan a las administraciones española y europea para que velen por el cumplimiento del principio de neutralidad tecnológica.  “La única forma de diseñar una transición energética justa y eficiente es que prevalezca la tecnología frente a la ideología”, concluyen.