De acuerdo con la normativa vigente, los talleres del sector deben cumplir con una serie de requisitos legales para poder abrir las puertas de sus establecimientos. Estos puntos hacen referencia a cuestiones relativas a la seguridad en el tratamiento de residuos, la gestión comercial de piezas, la atención al cliente y la gestión administrativa y laboral del personal.

Sin embargo, los negocios ilegales no cumplen con algunas y, en algunos casos, con la mayoría de estos requisitos, según explica Adeabur en El Correo de Burgos. Además, la organización añade que la mala gestión de muchas de las sustancias que estos centros generan pueden provocar problemas de seguridad, como es el caso de algunos incendios ocurridos recientemente.

Por este motivo, la patronal quiere llevar a cabo un trabajo de concienciación ciudadana y hacer reflexionar a los potenciales clientes sobre los talleres ilegales. Sobre esta línea, el secretario general de la organización, Gabriel Martínez, subraya que entregar un trabajo sin factura no ofrece garantías si hay problemas con alguna pieza o con el arreglo realizado.

Asimismo, asegura que "lo que parece ventajoso en un principio, acaba no siéndolo porque, aunque parezcan más baratas las horas de trabajo, los operarios pueden justificar que han necesitado más tiempo para realizar el arreglo, por lo que el precio acaba siendo el mismo”.

Por otro lado, la patronal se ha reunido con la Subdelegación del Gobierno, la Delegación de la Junta y el Ayuntamiento de Burgos para averiguar por qué se producen tantos casos de reincidencia entre los denunciados.

Para intentar conocer las razones, desde la patronal se han marcado como objetivo estrechar la colaboración con las administraciones encargadas de gestionar los expedientes referentes a este tipo de negocios clandestinos.

Además, ofrecen su ayuda y “estar presentes en la gestión de los expedientes para conocer por qué se produce esta sensación de impunidad que facilita tanta reincidencia”, indica Martínez.

Los empresarios no indican ningún motivo concreto que induzca a pensar por qué con cerca de 40 denuncias de instalaciones clandestinas en la provincia muchos vuelvan a abrir. “No tengo la certeza, pero los indicios apuntan a que no hay sanción o el procedimiento es demasiado largo, o, al menos, hay que ser más estrictos para obligar a que legalicen su actividad y tengan las mismas reglas de juego que el resto”, afirma Martínez en el citado medio.

Desde la asociación afirman que para detectar dichos establecimientos pirata hay que estar en la calle, observar e investigar por internet.