La Comisión Europea ha iniciado formalmente este miércoles la investigación contra China por las ayudas ilegales que concede a la producción de vehículos eléctricos, ya que lo considera una práctica desleal que distorsiona el mercado de la Unión Europea y que de probarse legalmente justificado una vez concluya, permitirá imponer derechos antisubvenciones.
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya anunció el pasado 13 de septiembre en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) esta investigación contra un programa que otorga exenciones fiscales a aquellos consumidores que adquieran vehículos eléctricos hasta 2027 y tiene un valor estimado de 72.300 millones de dólares.
La investigación determinará si las cadenas de valor de vehículos eléctricos en China se benefician de subvenciones ilegales y si estas causan o amenazan con causar un daño económico a los productores de la UE.
Implantación de aranceles
En caso de que la investigación halle evidencias de estas sospechas, se examinarán las probables consecuencias y el impacto de las medidas sobre los importadores, usuarios y consumidores de vehículos eléctricos en la UE.
Sobre la base de las conclusiones de la investigación, la Comisión determinará si a la UE le conviene remediar los efectos de las prácticas comerciales desleales constatadas mediante la imposición de derechos antisubvenciones a las importaciones de los vehículos eléctricos procedentes de China.
La investigación seguirá procedimientos legales estrictos en consonancia con las normas tanto de la UE como de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que permitirá a todas las partes interesadas, incluyendo el gobierno chino y las empresas exportadoras, para presentar sus comentarios, pruebas y argumentos.
Periodo de 13 meses
Bruselas ha iniciado esta investigación por iniciativa propia tras haber reunido pruebas suficientes de que el reciente aumento de las importaciones subvencionadas y a bajo precio de vehículos eléctricos procedentes de China en la UE planteaba una amenaza económica para la industria de automóviles eléctricos de la UE.
La investigación concluirá en un plazo máximo de 13 meses desde su inicio y, si está legalmente justificado, se podrán imponer derechos antisubvenciones provisionales dentro de los nueve meses posteriores al inicio, mientras que las medidas definitivas se podrán imponer hasta cuatro meses después o dentro de los 13 meses posteriores al inicio de la investigación.
