Por todos es sabido que el sector automoción se encuentra inmerso en una profunda transformación, impulsado por tendencias como la descarbonización, la digitalización y la electrificación. Ahora bien, mientras ponemos las luces largas, no debemos olvidar un presente que condiciona de forma directa la actividad de la reparación de vehículos. Me refiero al envejecimiento creciente del parque automovilístico que ya alcanza, ni más ni menos, que 14,6 años de antigüedad media.

Es una realidad innegable que, por una cuestión de renta disponible, los españoles tardamos cada vez más en renovar nuestro vehículo. Las cifras hablan por sí solas: el tiempo medio de posesión de un turismo por parte de un particular antes de su primera transferencia se situó prácticamente en los 13 años en 2025, frente a los 9,7 años que se registraban en 2010. Este dato es el reflejo de un desafío estructural que afecta al medio ambiente, a la seguridad vial y, seamos claros, a la rentabilidad de la posventa.

UN FLACO FAVOR

Un coche viejo es, por definición, más contaminante y menos seguro. Pero, además, desde el punto de vista de la actividad económica, introduce otro importante lastre: cuanto más viejo es, menos pasa por el taller y de menor cuantía es su tique medio de reparación. En un contexto donde los talleres ya hacen malabares para cuadrar las cuentas, este envejecimiento progresivo del parque les hace un flaco favor.

Por otro lado, la falta de renovación del parque afecta a otro aspecto clave que hoy es clave: la oferta de recambio eco, recambio verde, o como lo queramos llamar. El hecho de retener el coche cada vez más tiempo también genera carencias en los desguaces. Sin coches fuera de uso que los nutran de piezas, la actividad de los talleres de reparación se puede ver afectada por la falta de recambios eco. Y esto, sin duda, cobra especial importancia en un momento en el que la posventa trabaja con márgenes muy ajustados por mano de obra facturada, lo que obliga a buscar fórmulas capaces de garantizar rentabilidad del negocio, ofreciendo reparaciones técnica y económicamente solventes.

Desde luego, estos argumentos resultan los suficientemente legítimos como para instar también desde el sector posventa a la puesta en marcha del plan nacional de renovación del parque que, contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, ya acumula semanas de retraso. Ahora que la movilidad se reconoce por ley como un derecho, es preciso facilitar también las condiciones para garantizar a los ciudadanos que esa movilidad les sea accesible y asequible, máxime cuando, si echamos la vista atrás, el precio medio de los vehículos nuevos ha crecido más de un 45% desde 2019.

De ahí la necesidad urgente de pasar del dicho al hecho. No puede dilatarse por más tiempo la puesta en marcha de una estrategia eficaz para, por un lado, incentivar el achatarramiento de los coches más viejos y contaminantes y, por otro, facilitar el acceso de todas las rentas a soluciones de movilidad eficientes. Insisto, es una cuestión de seguridad vial, es una cuestión de reducción de emisiones y es una cuestión estratégica en defensa del futuro de las pymes. ¿O acaso hemos olvidado que sostenibilidad significa garantizar el desarrollo económico, social y medioambiental?