Adeada, la asociación de los talleres de Álava, ha querido ofrecer algunas soluciones claras y paso a paso para liberar espacio productivo y garantizar el cobro de las facturas pendientes. Por su evidente interés, lo reproducimos de forma íntegra.

La custodia silenciosa: el taller como depositario y el deber de guarda

Para los propietarios de talleres, pocos problemas impactan tanto en la operativa diaria como el de un vehículo que, tras la reparación o elaboración de un presupuesto, el cliente sencillamente no retira. Esta situación es conocida como abandono de vehículos y plantea un serio dilema legal y operativo.

El taller es, por ley, el depositario de todos los vehículos que le son entregados y, por lo tanto, tiene un estricto deber de guarda y custodia sobre la cosa mueble. Mientras el coche ocupa un valioso espacio de trabajo, el taller asume el riesgo de cualquier daño que pueda sufrir el vehículo bajo su responsabilidad. Este coste de oportunidad y el riesgo legal asociado convierten lo que debería ser un espacio productivo en una carga financiera que debe ser resuelta mediante procedimientos legales.

El primer paso crítico: notificación fehaciente y la activación de gastos de estancia

Cualquier acción posterior (ya sea el cobro o el desguace) depende de una base legal irrefutable. Esto se inicia notificando al cliente de modo fehaciente que el vehículo está disponible para su retirada previo pago de la factura pendiente.

El uso de un medio que pruebe de forma indiscutible la recepción de la comunicación (como el burofax, el correo certificado con acuse de recibo) es fundamental. Esta comunicación debe detallar tanto el importe de la factura pendiente como el inicio de los gastos diarios de estancia. De acuerdo con la regulación de talleres, estos gastos sólo pueden empezar a devengarse si el vehículo se encuentra bajo la custodia del taller y únicamente a partir del tercer día hábil siguiente a la notificación fehaciente de que la reparación ha finalizado o el presupuesto ha sido aceptado o rechazado. Si el taller omite este requerimiento fehaciente, pierde la capacidad de reclamar legalmente los gastos de estancia.

La decisión crucial: ¿retener la prenda o trámite administrativo de residuos?

Una vez agotado el plazo prudencial de respuesta tras la notificación fehaciente, el taller debe elegir la estrategia a seguir, lo cual dependerá del valor económico del vehículo frente a la deuda.

Derecho de retención: cuando el vehículo vale la deuda

Si la factura impagada es considerable y el vehículo abandonado posee un valor de mercado que puede cubrir la deuda, la estrategia más adecuada es la retención con fines de cobro. El taller tiene el amparo legal del Derecho de Retención, fundamentado en el Artículo 1600 del Código Civil que establece: “El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prensa hasta que s le pague".

Este derecho permite al taller retener el vehículo en prenda para satisfacer su crédito, lo cual puede hacerse mediante su venta en subasta o, si no hay postores, a través de su adjudicación al propio taller. Es crucial recordar que este derecho no otorga propiedad automática, por lo que el taller no puede apropiarse del vehículo directamente ni solicitar el cambio de titularidad del permiso de circulación sin seguir el proceso judicial que culmine en la subasta o adjudicación.

Tratamiento Residual: Liberar Espacio con la DGT

Cuando el vehículo es de bajo valor o es chatarra, el objetivo primordial es liberar el espacio. Para ello, existe un cauce administrativo claro amparado por la Ley sobre Tráfico y desarrollado por la DGT (Dirección General de Tráfico), conocido como Tratamiento Residual del Vehículo. Esta es la vía preferente cuando se busca simplemente deshacerse del vehículo.

El proceso se inicia cuando han transcurrido dos meses desde la entrada del vehículo en las instalaciones y se ha realizado la comunicación fehaciente inicial al titular. El taller solicita el tratamiento residual a la Jefatura Provincial de Tráfico, aportando el justificante del requerimiento fehaciente y los documentos que acrediten la estancia. Posteriormente, la Jefatura Provincial requerirá al titular para que retire el vehículo en un plazo de un mes, bajo advertencia de que, de lo contrario, se ordenará su envío a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su descontaminación y desguace. Este proceso administrativo permite al taller liberarse del vehículo en un periodo de unos tres meses desde el requerimiento inicial.

Recuperación de piezas: una herramienta de autodefensa inmediata

Antes de iniciar cualquier litigio o proceso de desguace, el taller posee una herramienta de autodefensa financiera: la recuperación de las piezas. En caso de que el cliente no abone la reparación, el taller podría desmontar o recuperar los conjuntos o repuestos que haya incorporado, con el fin de reducir los costes ya generados por el impago. Sin embargo, para garantizar la legalidad de esta acción, es fundamental que este procedimiento de desmontaje esté consignado y aceptado en la Orden de Reparación que firma el cliente. Incluir esta cláusula contractual convierte esta acción en una medida de protección preventiva.

La vía rápida para el cobro: el proceso monitorio y el juicio verbal

Si la prioridad es recuperar el dinero adeudado, la vía judicial más eficiente y ágil es el Proceso Monitorio.

Proceso Monitorio: Requisitos y Desenlaces

El Proceso Monitorio permite reclamar el pago de deudas dinerarias de cualquier importe, siempre que la deuda sea dineraria, líquida (determinada), vencida y exigible. La gran ventaja para un taller es que la deuda puede acreditarse mediante documentos creados unilateralmente por el acreedor, como facturas, albaranes de entrega o certificaciones.

El proceso se interpone en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor. Si la deuda no supera los 2.000 euros, no es obligatorio contratar abogado ni procurador para la fase inicial. Una vez admitida la petición, el Juzgado requiere al deudor para que pague la deuda o se oponga en el plazo de veinte días hábiles.

El poder del monitorio radica en sus posibles desenlaces. Si el deudor paga en los veinte días, el proceso se archiva. Si el deudor guarda silencio y no paga ni se opone, el proceso termina, y el taller puede iniciar inmediatamente la Ejecución forzosa, solicitando el embargo de bienes del deudor. Si el deudor se opone por escrito, el monitorio se da por terminado y el asunto pasa a resolverse en un juicio posterior.

El juicio verbal: debate y oposición

El juicio verbal se utiliza para reclamaciones de hasta 6.000 euros y es el proceso que se activa cuando hay oposición a un monitorio de cuantía reducida. La legislación actual exige que, al ser emplazado, el demandado tiene un plazo de diez días para contestar a la demanda por escrito. Esto proporciona al demandante (el taller) un conocimiento previo de la defensa y los documentos del deudor, permitiendo una preparación más efectiva. La ley estipula que la asistencia de abogado y procurador no es obligatoria para el taller demandante cuando la cuantía reclamada no exceda de 2.000 euros.

Alivio fiscal: la recuperación del IVA de facturas incobrables

La Ley del IVA permite a las empresas recuperar el IVA ingresado a Hacienda por aquellas facturas que resultan incobrables. Este mecanismo legal proporciona un alivio fiscal crucial para los talleres afectados por la morosidad.

Para que Hacienda considere una factura como “incobrable” y permita la recuperación del IVA, se deben cumplir condiciones muy específicas. Es necesario que haya transcurrido un año desde la emisión de la factura sin que haya sido cobrada en su totalidad, plazo que se reduce a seis meses si el volumen de operaciones del taller no superó una cifra determinada el año anterior. Además, la factura debe haber sido reclamada judicialmente o mediante requerimiento notarial. La interposición del Proceso Monitorio se convierte en el documento probatorio indispensable que se debe presentar ante Hacienda para solicitar la devolución del impuesto.

El procedimiento es riguroso en sus plazos. El taller debe emitir una factura rectificativa en el plazo de tres meses desde que la factura se considera incobrable. Finalmente, tiene un mes desde la emisión de dicha factura rectificativa para enviarla a la Agencia Tributaria, junto con los documentos que acrediten la reclamación judicial o notarial, y consignar esta reducción en su liquidación mensual o trimestral del IVA.