Se estima que alrededor del 20% de los talleres de reparación de vehículos que operan actualmente en España carece de licencia o trabaja de forma clandestina. Pero esta modalidad de negocio fraudulento puede acarrear consecuencias no solo para el propietario, sino también para el cliente que acude a él.

En declaraciones a la cadena Cope, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos y Afines de Albacete (Apetreva), Antonio Atiénzar, ha explicado que la persona que lleva su vehículo a uno de estos talleres ilegales “se ahorrará el 21% de IVA que el taller no le va a cobrar, pero se expone a la posibilidad de que no pueda reclamar nada en caso de que el trabajo de reparación no salga bien”. En su opinión, los talleres clandestinos hacen servicios “sin ninguna garantía”.

Y con respecto al infractor, Atiénzar expone con claridad el riesgo al que se enfrenta si su taller de reparación es descubierto: “una multa de hasta 300.000 euros; eso si se le achaca algún tema de residuos peligrosos”. Según matiza, si el taller hace una mala gestión de residuos tóxicos y peligrosos, esto nos sirve a las asociaciones de talleres, que venimos denunciando desde hace años su actividad fraudulenta, para que nuestro argumento tenga mayor peso. “Las denuncias de trasfondo medioambiental sí son importantes; es con las que les podemos hacer daño de verdad”, subraya.

Para él, uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la lucha contra la proliferación de talleres ilegales son los propios consumidores. “Al final, son los consumidores los que toman la decisión de ir o no a un taller ilegal, por lo que lo importante es la concienciación”. Al respecto añade que “si deciden ir a un taller ilegal porque es más barato, deben saber que al final les puede salir caro si no les hacen bien el trabajo. Por eso es preferible, y además es el deber de todos, pagar los impuestos, porque eso revierte en mejoras comunes”.