Le parecía poca infracción ser propietario de un taller clandestino en Abarán (Murcia), que decidió también que la luz corriera a cargo del contribuyente y se enganchó de manera ilícita a la red eléctrica. Sus precios, al menos, serían competitivos, pues no pagaba licencias, seguros, recogida de residuos y, por si fuera poco, la luz le salía por la cara.

Ante tal insolencia y desprecio absoluto por la ley, la Policía Local de Abarán ha formulado una denuncia contra el propietario de un taller clandestino de reparación de vehículos a motor, situado a la entrada del municipio, informa laverdad.es, que añade que el taller clandestino no disponía de la documentación necesaria para ejercer la actividad y utilizaba un enganche ilegal a la red eléctrica.

El propietario del taller, asegura la web de Radio Abarán, ha sido denunciado por no poseer las autorizaciones y licencias correspondientes, infracciones a la Ley de Residuos y Suelos contaminados, defraudación de fluido eléctrico, al tiempo que se ha comunicado a la Autoridad Judicial la autoría de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre, cuando los agentes comprobaron las irregularidades de dicho taller mecánico al observar varios turismos en la vía pública en estado de reparación, derrames de aceite y piezas de motor. Las instalaciones, además, carecían de rótulos y carteles identificativos y por el suelo del local se esparcían residuos, líquidos y piezas de vehículos sin ninguna prevención.

Sin documentación

En el exterior, se encontraban distintos vehículos reparados y otros preparados para su revisión, careciendo de permisos y licencias necesarias para ejercer esta actividad. Por si fuera poco, el trabajador que realiza las operaciones mecánicas no tenía documentación y tampoco disponía de contrato laboral. Por ese motivo, la Policía Local informó al juzgado de la autoría de un supuesto delito de contra los derechos de los trabajadores y, asimismo, están agilizándose los trámites para el cierre y precinto del negocio en el caso de que no proceda a regular su actividad.