La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo continúa investigando la operación que supuso la imputación de los responsables de ocho talleres de la Comunidad de Madrid por reprogramar el software de vehículos diésel y retirar los filtros antipartículas FAP.

La Fiscalía ha concluido que no existe delito contra el medio ambiente “al no poder cuantificar el número de vehículos afectados y siendo los vehículos revisados limitados (casi 50)".

Por eso, se han remitido las actuaciones a la Fiscalía de Madrid por si los hechos “pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad documental”, según fuentes oficiales.

Además, se ha enviado comunicación a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el fin de determinar las posibles responsabilidades administrativas para los titulares de los talleres y los propietarios de los vehículos manipulados.

Sobre estos, se pretende que se ordene la “restitución de los sistemas mecánicos y electrónicos de control de emisiones”.

Por otro lado, puesto que “a pesar de las irregularidades que presentaban [los vehículos modificados] han superado con éxito la ITV, al no detectarse las irregularidades”, la Fiscalía considera “imprescindible” que desde la Dirección General de Industria se adopten “con la mayor urgencia posible” las medidas necesarias para que la Inspección Técnica de Vehículos esté en condiciones de “detectar, corregir y sancionar” estas manipulaciones.

El motivo fundamental, según el texto publicado por la Fiscalía, radica en que “sería de todo punto inadmisible que se tolerara una actitud omisiva que la ITV sea en la práctica un mero formalismo carente de eficacia”.

Por último, el texto concluye que, existen indicios para pensar que se pueden estar cometiendo similares conductas ilícitas en el resto del territorio nacional, por lo que “resulta ineludible” exigir a todas las Administraciones e Instituciones con competencia “el máximo esfuerzo para erradicar y sancionar semejantes prácticas”.