Neumáticos | Denuncian continuos vertidos ilegales de neumáticos en Cádiz

Toniza-Ecologistas en Acción critica las malas prácticas medioambientales de talleres ilegales que actúan al margen de la ley.

Los vertidos incontrolados de neumáticos se vienen repitiendo en los últimos meses
Los vertidos incontrolados de neumáticos se vienen repitiendo en los últimos meses

Los vertidos ilegales de neumáticos vuelven a ser protagonistas de la actualidad tras la denuncia de Toniza-Ecologistas en Acción en Chiclana, Cádiz, donde se han producido diversos vertidos incontrolados con más de 100 neumáticos en los últimos meses, lo que supone un importante impacto medioambiental, según la organización, según informa el Diario de Cádiz.

Asimismo, la asociación lamenta que pese al Real Decreto que regula la gestión de neumáticos fuera de uso y que ha permitido que una buena parte de las cubiertas sean recicladas o, tras ser recauchutadas, sean usadas, existan talleres ilegales que actúen al margen de la normativa vigente.

Además, recuerda que los establecimientos que forman parte de esta red de recogida de neumáticos están identificados con un número de una placa azul que tienen en la puerta

“Sabemos que, tanto la Policía Local como el Seprona de la Guardia Civil están investigando los hechos. Sin embargo, creemos que, aunque se conseguirá detener a los infractores, no va a ser fácil; por eso, pedimos a toda la ciudadanía que si supieran de algún taller ilegal que pudiera estar contribuyendo a estos vertidos que lo ponga en conocimiento de la autoridad o nos lo comuniquen a Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana”.

La entidad subraya que “estos infractores aprovechan todos los resquicios para cometer estos atentados, causando un grave perjuicio y actúan, cobardemente, intentando no dejar rastro de ello”.

El colectivo ecologista indica que los servicios de inspección de la Junta reciben periódicamente listados de empresas importadoras de neumáticos que no reúnen los requisitos ambientales y que están fuera del circuito legal .

“Son ellos los que deben actuar en primer lugar contra este fraude residual, pero grave. Además, la inspección autonómica, a diferencia de los ayuntamientos, cuenta con medios informáticos de verificación para luchar contra esta estafa”, explica la asociación.

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