La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado de que ha inspeccionado varias sedes de empresas dedicadas a la compra y reciclado de baterías usadas por “posibles prácticas anticompetitivas”.

Según el organismo, las sospechas recaen sobre la coordinación de precios, el reparto geográfico del mercado y el intercambio de información “comercialmente sensible” entre las empresas de este sector, por lo que, además de la CNMC, han participado en la investigación los inspectores de Competencia autonómicas de las regiones en las que se ubican los negocios inspeccionados.

Si bien es cierto que las acciones de las autoridades son “un paso preliminar en el proceso de la investigación y no prejuzgan la culpabilidad de las entidades inspeccionadas”, en caso de que se encontraran indicios de prácticas anticompetitivas, se procedería a la “apertura formal de un expediente sancionador”.

Y es que, según advierte la Comisión, los acuerdos entre competidores se consideran como “infracción muy grave” y puede acarrear multas de “hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de multa”.

Además, la CNMC recuerda que la investigación de los cárteles tiene graves consecuencias tanto para los consumidores como para el correcto funcionamiento de los mercados, por lo que “constituye una de las máximas prioridades de actuación” para el organismo.