La Justicia ha reconocido el derecho de los concesionarios a cobrar el dinero del Plan 2000E que adelantaron a los compradores. La primera sentencia firme, que se ha fallado en Santander, da la razón a la patronal de concesionarios (Faconauto) y condena al Gobierno de Cantabria a pagar los 9.000 euros -más los intereses legales- que los puntos de venta abonaron y posteriormente no recuperaron.

El pasado 25 de mayo, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Santander estimó la demanda interpuesta por Faconauto contra la resolución del Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma que no admitía la deuda pendiente con los concesionarios de la región.

La patronal recuerda que los puntos de venta debían adelantar las subvenciones y grabar las operaciones en el sistema informático de la entidad colaboradora FITSA para recuperar el dinero.

El 8 de enero de 2010, los concesionarios empezaron a adelantar las ayudas del Plan 2000E, sin embargo, el sistema informático no grabó todas las operaciones porque en los primeros meses de entrada en vigor del plan se superó el presupuesto anual destinado a incentivar la compra de vehículos nuevos.

Faconauto calcula que las administraciones deben, en total, cerca de 20 millones de euros a los concesionarios. Las reclamaciones judiciales conjuntas emprendidas por la patronal ascienden a 13.981 operaciones por valor de 6,8 millones de euros (casi 2 millones correspondientes al Ministerio de Industria y 4,8 a las comunidades). Afirman que esta cifra es sólo un tercio del total porque muchos puntos de venta decidieron no ir a los tribunales.

“Se ha hecho justicia y, de alguna manera, se reconoce que la gestión del Plan 2000E fue desastrosa”, ha declarado Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto. Por comunidades, Cataluña lidera la deuda (1,75 millones de euros), por delante de Andalucía (1,45 millones) y  la Comunidad Valenciana (1,33 millones).

Los concesionarios exigen el pago de las ayudas a la compra de coches