Las valoraciones a precio de recambio alternativo, la declaración de siniestros totales o el cálculo a la baja del lucro cesante son las principales prácticas de enriquecimiento por parte de las aseguradoras tras los accidentes de tráficos leves. Así lo ha asegurado la Asociación de Talleres y Recambistas de Andalucía (Altayr), que ha denunciado algunas acciones con las que las aseguradoras se lucran "a costa de sus clientes".

Los accidentes de tráfico leves en España alcanzaron en 2019 la cifra de 1,94 millones de golpes de chapa, según Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras (Tirea), siniestros que, en numerosas ocasiones, se habrán visto afectados por los convenios entre aseguradoras, que velan por los intereses económicos de las compañías por encima de cumplir con los servicios que obliga la ley, lo que perjudica gravemente a los clientes.

Cuando un perito valora los daños de un vehículo tras un accidente, debe hacerlo teniendo en cuenta el precio del recambio original, pero muchas compañías de seguros obligan a los talleres a montar piezas genéricas o alternativas, lo que causa un grave perjuicio económico y de seguridad al asegurado. En todo caso, solo se pueden valorar a ese precio cuando el coche ya tiene montado ese tipo de repuestos o el conductor lo autoriza expresamente.

Otra de las prácticas habituales por parte de los seguros está relacionada con declarar al vehículo accidentado siniestro total cuando no lo está, ya que, en ocasiones, esta medida resulta más económica que realizar la propia reparación. Esta decisión va en contra de la ley. Y es que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) señala que la reparación y la voluntad del usuario prevalece frente a la de los seguros.

En tercer lugar, Altayr ha apuntado al cálculo a la baja del lucro cesante o la falta de facturación cuando el vehículo siniestrado se utiliza para realizar una actividad mercantil, por ejemplo, en el caso de un taxista o un repartidor. El conductor tiene derecho a un coche de sustitución pero es probable que no esté adecuado para el desempeño de la actividad, por lo que la aseguradora debe pagar la cantidad de facturación perdida por no desarrollar la actividad durante el período de reparación. En estos casos, algunas compañías calculan esa cifra teniendo en cuenta las horas de reparación y no la cantidad de días que el aseguradora no ha tenido el vehículo a su disposición.