Ya lo adelantó el presidente de Ancera durante la reciente celebración del congreso de la patronal de recambistas y ahora se han conocido los detalles. La Policía Nacional, con la colaboración, entre otras, de CAPA, ha imputado a los responsables de ocho talleres de la Comunidad de Madrid por retirar los filtros antipartículas (FAP) y reprogramar el software de vehículos diesel.

Durante la investigación, la Policía ha comprobado que los establecimientos utilizaban equipos de diagnosis fraudulentos o empleados con fines distintos para los que fueron comercializados. Asimismo, se averiguó que mediante el vaciado mecánico se llevaba a cabo la retirada del filtro o la perforación de la pieza que lo contiene, con lo que se generaba la libre emisión de partículas a la atmósfera.

Por otro lado, en los talleres implicados se reprogramaba la centralita de los vehículos, modificando el software original, con el fin de aumentar la potencia de los motores y ocultar cualquier error que pudiera dar la diagnosis del vehículo por el aumento de emisiones. También  se alteraban las características de homologación y las condiciones declaradas en los seguros de los vehículos

Con la reprogramación del software de la centralita conseguían que las emisiones nocivas fueran indetectables en las ITV e, incluso, por los propios servicios oficiales de las marcas. Todas estas alteraciones se ofertaban abiertamente en Internet o, en algunos casos, en los propios establecimientos en los que se llevaba a cabo.

Algunos talleres, según la Policía Nacional, estaban especializados en la manipulación exclusivamente electrónica de la centralita de los vehículos, remitiendo a sus clientes a otros talleres "conniventes" en los que se realizaría la retirada física del FAP. Incluso, recibían por correo centralitas procedentes de diferentes puntos de España para su modificación. 

Los investigadores han obtenido datos de más de 80 talleres de todo el paísen los que se podrían estar dedicando a esta actividad, por lo que la operación continúa abierta. 

Con la retirada de estos elementos los propietarios obtenían un incremento de potencia en los coches o bien evitaban reparar los filtros estropeados y con la modificación electrónica burlaban los controles en las ITV. Los talleres implicados cobraban entre 100 y 200 euros por cada automóvil modificado "frente a los 1.200 euros que supondría la sustitución del FAP", según la Policía.